El acuerdo de Alcoa rompe la unidad sindical
La CIG rechaza el pacto, que aún debe ser ratificado por la plantilla, al entender que negociar despidos choca con el mandato de la asamblea de trabajadores
La CIG se ha desmarcado del preacuerdo alcanzado entre la dirección de Alcoa y los sindicatos la madrugada del miércoles al considerar que no respeta el mandato de la asamblea de trabajadores. La central entiende que no hay garantías suficientes para una reactivación de las cubas de electrolisis, que la multinacional parará de manera ordenada para que puedan ser rearrancadas si aparece un comprador para las plantas de A Coruña y Avilés antes del 30 de junio.
El delegado de la CIG en Alcoa, Julio Moskowich, explica que rechazan este acuerdo «porque se fundamenta en los despidos que, a fecha 1 de julio, tendrían lugar inequivocamente y porque va contra la decisión de la asamblea con la que acudimos a las reuniones de Madrid». «Basada en que cualquier alternativa tenía que pasar por la garantía del empleo y no asumir ningún despido», insiste.
Contrario al mandato de los trabajadores
A través de un comunicado, la CIG afirma que mantuvo desde el inicio «una posición totalmente contraria al cierre de las fábricas formulado por Alcoa y asumió hasta el final el mandato de la asamblea de los trabajadores de no pactar ni despidos ni la parada de las series si no se ofrecían garantías claras para volver arrancar las cubas».
Por otra parte, cuestiona que el preacuerdo deje toda posibilidad de mantenimeinto de los empleos y retomar la actividad productiva «en la propuestas que pueda poner en marcha el Gobierno, principalmente el Ministerio de Industria», con quien el resto de la representación social mantuvo un encuentro este miércoles. Además, sostiene que «la única alternativa formulada por el departamento de Reyes Maroto hasta ahora se limitó a asumir el plan de cierre de Alcoa en un plazo de seis meses».
El Gobierno solo garantiza «esfuerzo» para encontrar una solución
La plantilla todavía debe votar el preacuerdo a partir de mañana para que se convierta en firme. La comisión negociadora defendió que es un buen pacto, pero que debe estar ratificado por dos medidas. Por un lado, que el Gobierno «debe adquirir un compromiso en cuanto al mantenimiento del 100% del empleo a fecha 1 de julio de 2019 en el caso de que no exista ningún inversor para las dos plantas que garanticen su funcionamiento más lejos del 30 de junio».
Por otro, que Alcoa dote “20 millones de euros para cada planta para la mejora de instalaciones de las series de electrólisis y posible rearranque de las mismas», punto al que se ha comprometido la multinacional. No lo hizo el Ejecutivo con el primer punto, pues solo se comprometió a dedicar esfuerzos para encontrar una solución en los seis meses que restan, previsiblemente, enfocados a encontrar un inversor.
