Ecologistas en Acción boicotea las obras en la mina de San Finx
La organización ecologista presenta una denuncia contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación
Protesta de Ecoloxistas en Acción que paraliza obras en la mina de San Finx – ECOLOXISTAS EN ACCIÓN
Activistas de Ecoloxistas en Acción han paralizado en la mañana de este jueves las obras de instalación de los tubos en la mina de San Finx (Lousame). Según han explicado, «la filial de la empresa australiana Pivotal Metals pretender verter casi 1.000 millones de litros anuales de drenajes» con altas concentraciones de metales pesados” a través de esta instalación. Una docena de ecologistas se han colocado ante las excavadoras y máquinas, al tiempo que otro grupo disfrazado con calaveras jugaba al ‘MINApoly’ en una mesa.
En un comunicado, la agrupación ecologista ha informado de que estos vertidos «podrían comenzar el día 12 de agosto después de que Augas de Galicia extendiera el plazo para finalizar las infraestructuras de la mina».
Denuncia contra Desenvolvemento Rural
La agrupación ecologista denuncia que «los vertidos están siendo ejecutados como parte de una obra pública contratada por la Consellería de Medio Rural para el asfaltado de una carretera local», lo que la organización ecologista considera «indiciario de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación». Por ello, esta semana han interpuesto denuncia penal en los juzgados de Santiago contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Inés Santé.
Sobre esta denuncia contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural ha sido preguntado por los medios –en rueda de prensa tras el Consello de este jueves– el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha dicho desconocer este extremo.
Versión de Medio Rural
La Consellería de Medio Rural indica que «las obras objeto de denuncia, es decir, la instalación de una tubería de desagüe incluido en un proyecto de depuración de las aguas de la mina presente en la zona, no son de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural».
Según explica este departamento a Europa Press, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural «tiene actualmente paralizada una obra aprobada consistente en la mejora del ‘Camiño cruce de Silvarredonda a minas de San Finx’, solicitada por el Ayuntamiento de Lousame y enmarcada dentro del Plan de Infraestruturas Rurais».
«Dicha obra consiste en una mejora de un camino de titularidad municipal de algo más de 500 metros, mediante la limpieza de cunetas, bacheo y posterior pavimentado. También se contempla el revestido con hormigón en cunetas, así como la señalización horizontal pertinente. Sin embargo, no se recoge ninguna partida de entubado», aclara.
Medio Rural asegura que esta obra está paralizada a la espera de que la empresa Tugsten San Finx finalice la suya, «la cual sí consiste en el soterramiento de una tubería de desagüe que interfiere claramente con el pavimento del camino programado por Agader, ya que supondría la demolición del aglomerado». «Así, dicha obra de soterramiento ya está iniciada y en el momento de su final se procederá al inicio de la obra de pavimentación del camino», agrega.
Quinta causa sobre la mina de San Finx
Ecoloxistas en Acción apunta que esta es la quinta causa penal abierta en relación a la mina de San Finx, junto a las diligencias con el ex director xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces –que deberá declarar en Santiago junto con otros funcionarios investigados–, así como contra altos cargos de Augas de Galicia y contra la propia empresa minera y sus administradores. En paralelo, cofradías y municipios iniciarion contenciosos para suspender cautelarmente la actividad.
Unas 300 personas se movilizaron el pasado sábado en la propia mina de San Finx en defensa de la ría de Muros y Noia y «contra los vertidos que amenazan al sector del mar por su impacto catastrófico».
«La operación de las minas de San Finx fue autorizada ilegalmente en 2009 con un proyecto no sometido a evaluación de impacto ambiental y sin participación pública. A pesar de que la propia Xunta reconoció recientemente la situación ilegal de la mina, Augas de Galicia le otorgó este año una autorización de vertido después de más de siete años de tramitación totalmente irregular. La mina está a apenas 7 kilómetros de la ría de Muros y Noia y el inicio de los vertidos compromete la integridad de los bancos de marisqueo de los que dependen más de 10.000 empleos directos e indirectos», remarcan los ecologistas.
