Dieter y Alvariño responden: “No hubo nada ilegal”

Pasan los años y el ruido de sables no se apaga en la patronal gallega, enzarzada en una prolongada batalla interna que discurre en paralelo a la tentativa por cuadrar las cuentas de la institución, que tuvo que recortar personal y renegociar su deuda para poder atender a los pagos de su actividad diaria.

Con el problema financiero todavía abierto, el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia aprobó llevar a la asamblea general, cuya fecha podría decidirse este jueves en la reunión de la junta directiva, una propuesta para emprender acciones legales contra sus expresidentes, Antonio Dieter Moure y José Manuel Fernández Alvariño, por administración desleal y apropiación indebida, como desveló este medio el miércoles.

Dos actitudes ante la acusación

Los afectados niegan que hayan cometido irregularidades durante su gestión. De manera vehemente el profesor ourensano, que amenaza con emprender acciones judiciales contra quien lo difame. De forma más escueta el empresario vigués, que no quiere por el momento entrar al trapo y prefiere restar importancia a la propuesta del comité ejecutivo: “Eso no tiene recorrido”, zanjó.

Ambos coinciden en dos aspectos. Aseguran que sus decisiones estaban avaladas por los órganos de gobierno de la patronal y que son similares o proceden de otras tomadas por anteriores presidentes de la CEG.

El contrato “condicionado” del secretario xeral

Antonio Dieter, que dimitió en octubre de 2016, asegura que después de Navidad emprenderá acciones legales contra quien lo acuse de administración desleal. “Preguntaré a Antón Arias si lo que dice el acta es cierto. Si lo es, demandaré al comité ejecutivo. Si no lo es, demandaré a quien falsea las actas”, asegura el expresidente de la patronal, argumentando que, según le trasladaron dos personas que asistieron al comité ejecutivo, solo se habló de la posible denuncia contra Fernández Alvariño y no sobre una demanda contra él por administración desleal.

Dieter: “Preguntaré a Antón Arias si lo que dice el acta es cierto porque a mí me dicen que nunca se habló de una denuncia contra mí”

Quienes defienden esta demanda aseguran que firmó un “blindaje” para uno de los trabajadores, Fausto Santamarina, ex secretario xeral de la CEG, que le garantizaba un jugoso finiquito en caso de abandonar la entidad, como así acabó sucediendo. Dieter alega que el objetivo era rebajar un 30% el sueldo del alto cargo y que, en un segundo documento, se supeditaba el acuerdo a que los órganos de gobierno de la patronal lo aprobasen. En caso contrario, la condición contractual de Santamarina, que cobraba 107.000 euros anuales, no cambiaría. “Mi firma estaba condicionada a que lo aprobaran los órganos de Gobierno. ¿Qué hice irregular? ¡Nada!”, proclama Dieter. Economía Digital ha tenido acceso a este segundo documento, fechado el 20 de junio de 2016.

Dieter insinúa que se manipulan las actas

“Este mismo acuerdo estaba tomado por otros presidentes”, asegura el profesor ourensano. (Santamarina) Me puso la condición para reducirse el sueldo de que si la CEG volvía a los niveles económicos anteriores, se le restablecería el nivel salarial. Me pareció un buen acuerdo. Ahora me pregunto: Fausto (Santamarina) era un personal caro para la Confederación de Empresarios de Galicia cobrando 5.000 euros al mes, entrando a las 8.30 y saliendo a las 20 horas. ¿Y el actual secretario cobrando 3.000 euros sin ir ni un día a la semana es barato?”, dice Dieter en alusión a Jaime López, quien también lidera la Confederación de Empresarios de Lugo.

El expresidente lo acusa de obrar a su antojo con las actas y pone como ejemplo que sus críticas al nombramiento de López como secretario xeral de la CEG quedaran, según asegura, excluidas. “Yo pedí que se incluyera en acta y tuve que pedirlo por escrito. Había manifestado unas palabras que envié por correo posteriormente y no aparece nada. ¿Por qué? Porque no le interesa”, critica Dieter.

Críticas al líder de la patronal lucense

En estas declaraciones, según explica, argumentaba que no estaba de acuerdo con que el secretario de los empresarios lucenses ocupase el mismo cargo en la patronal por una situación de conflicto de intereses; que “un señor que estuvo condenado en Lugo no tiene curriculum ni transparencia” para ocupar ese cargo en la Confederación de Empresarios de Galicia; que “mintió a la junta directiva” al negar que fuera «condenado e inhabilitado” en un proceso judicial; y que había personal «en la casa» perfectamente preparado para cubrir ese puesto.

Dieter asegura que Jaime López lleva desde octubre sin aparecer por la patronal: “Es un secretario online”.

A estas críticas, añade Diéter que López “cobra 3.000 euros al mes y lleva desde el mes de septiembre sin aparecer por la patronal. Es un secretario xeral online o en diferido”.

Alvariño, a la espera

El expresidente José Manuel Fernández Alvariño, que estuvo al frente de la CEG en la etapa anterior a Dieter Moure –de 2013 a 2015– evitó valorar la intención de la patronal de iniciar acciones legales contra él por presuntos delitos de apropiación indebida relacionados con la contratación de determinados servicios de la confederación a las empresas del grupo del que es propietario. Se ha limitado a decir que la propuesta “no tiene recorrido” y que decisiones similares a la que tomó él las tomaron anteriores presidentes.

Fernández Alvariño, al igual que Dieter Moure, acudirá este jueves a la reunión para tratar “otros problemas muy graves” que, a su juicio, afectan al correcto funcionamiento de la entidad que aglutina al empresariado gallego. En este sentido, menciona el incumplimiento de los estatutos “en muchos artículos”.

Fernández Alvariño cree que hay asuntos más importantes que tratar en la reunión de este jueves

Ya el pasado mes de octubre, a raíz de unas declaraciones del actual presidente, Antón Arias, sobre el proceso indepentendentista catalán, tanto él como Dieter Moure reclamaron la dimisión del máximo directivo de la patronal. Lo habían planteado también en abril, a la vista de la «enorme» fractura entre norte y sur y la falta de liquidez “total” de la entidad, y en ambos casos, al igual que ahora, con otro argumento de peso: la “ilegalidad del funcionamiento de la institución” por la vulneración “de forma consciente” de varios de los artículos de los estatutos de la CEG.