Desfile de directivos de Iberdrola ante el juez por manipular la luz
Cuatro ejecutivos de Iberdrola declaran en la Audiencia Nacional, que investiga al grupo por alterar las centrales del Sil, Duero yTajo para inflar precios
Turno para los directivos y técnicos de Iberdrola. Cuatro cargos de la compañía de Ignacio Sánchez Galán declararán este martes en calidad de testigos en la Audiencia Nacional, donde la compañía está siendo investigada por una presunta alteración del mercado que habría acometido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, inflando artificialmente el precio de la energía en el mercado mayorista y obteniendo a cambio un lucro ilícito en plena ola de frío.
Se trata del siguiente paso en esta causa que pilota el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ya escuchó en declaración a Iberdrola, imputada como persona jurídica, y a un grupo de técnicos de las centrales hidroeléctricas de Sil, Duero y Tajo, donde se habría acometido la reducción de suministro que elevó los precios.
Cumplir órdenes
Según fuentes jurídicas, los técnicos fueron señalando en sus declaraciones que se limitaron a cumplir las instrucciones de sus superiores en la gestión de estas centrales, por lo que el juez ha citado a las cuatro personas que habrían tenido capacidad de adoptar aquellas decisiones que al final, derivaron en un encarecimiento de la energía.
Las mismas fuentes precisan que no es descartable que alguna de las compañías que compraron energía a Iberdrola en ese periodo se presenten como damnificadas, si bien ninguna se ha personado aún en el procedimiento. El juez contempla llamarlas a declarar una vez escuche la declaración de los directivos.
Iberdrola ya fue multada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por este asunto en el año 2015, cuando el regulador le impuso una sanción de 25 millones de euros que la propia Audiencia Nacional suspendió cautelarmente en 2016.
Irrumpe la Fiscalía Anticorrupción
Fue un año después, en 2017, cuando la Fiscalía Anticorrupción tomó las riendas del asunto y presentó formalmente una denuncia, al encontrar indicios de un posible delito de alteración del mercado, ya que entiende que Iberdrola, «con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».
En concreto, la Fiscalía sostiene que la compañía «aumentó sin causa legítima que lo justificara el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Sil, Duero y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones» y lo hizo «a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad».
