El tribunal de contratos de Facenda rechazó ocho denuncias por cártel de Monbus en el concurso del bus escolar
Una decena de empresas denunciaron un uso fraudulento de las UTE por parte de Monbus e indicios de cártel en un concurso de más de 93 millones
Autocares de Monbus / Monbus
Los dos grandes concursos de transporte que licita la Xunta han provocado discrepancias entre las empresas que optaban a las adjudicaciones. El primero, el de transporte regular de viajeros por carretera, tenía un presupuesto de 497 millones y se repartió en un centenar de lotes en su primera fase, y de 237 millones y 29 lotes en la segunda. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado ahora investigar a la Comisión Galega da Competencia si Monbus y Alsa concertaron ofertas para adjudicarse la mayor parte de los servicios que repartió la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
El otro gran contrato es el de transporte escolar, con un presupuesto de 93,4 millones y repartido en 57 lotes. Estos servicios se prestan por dos años, frente a los diez del transporte regular por carretera, lo que explica la elevada diferencia en el presupuesto de licitación. También en este concurso fue Monbus la mayor adjudicataria. Según la CIG, la compañía de Raúl López está presente en el 50% de los servicios de transporte escolar adjudicados y en el 75% de las líneas de transporte regular por carretera.
La otra semejanza es que en ambos procesos hubo denuncias contra Monbus. En el caso del transporte escolar al menos ocho. Una detrás de otra fueron desestimadas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), un organismo autónomo adscrito a la Consellería de Facenda y que tiene como función, precisamente, dirimir recursos en procesos de contratación pública.
La misma denuncia que en Aragón
Cerca de una decena de empresas presentaron una batería de recursos en líneas adjudicadas a Monbus y en todos, similares entre sí salvo por el lote al que hacían referencia, denunciaban que la compañía de Raúl López realizaba una “utilización fraudulenta de la unión temporal de empresas para sortear el límite de adjudicación de contratos” y que había “indicios de de prácticas colusorias o de cártel en la presentación de ofertas de las UTEs concurrentes a los diferentes lotes compuestas por empresas del grupo”.
Esta misma práctica fue la que llevó al Gobierno de Aragón a advertir de un posible «fraude de ley» en la participación de la compañía lucense en el concurso de transporte de viajeros, como explicó este medio. Según la mesa de contratación del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Monbus había aprovechado su red de empresas para sortear el límite de contratos, en una actuación «coordinada y única con el fin de conseguir, bajo la falsa apariencia formal de ser licitadoras distintas, copar un mayor número de lotes en los que se divide el contrato, cuya adjudicación hubiera estado limitada a un máximo de cuatro lotes en caso de se hubiera concurrido bajo una única forma societaria».
La posición del Tacgal
El Tribunal Administrativo rechazó todos los recursos dejando dos consideraciones comunes a las distintas impugnaciones. Por un lado, que las prácticas colusorias o la conformación de cártel son materias que deben examinar los organismos de competencia; y, por otro, que no se puede entender que Monbus superara el límite de ocho contratos en los servicios de transporte escolar, ya que solo uno de los que se adjudicó la compañía de Raúl López corresponde a una UTE formada íntegramente por empresas del mismo grupo. Es decir, que en las otras alianzas había empresas que no pertenecían a Monbus.
Las autoridades de competencia a las que les correspondería evaluar la actuación de la empresa en este caso solo es una: la Comisión Galega da Competencia, entidad que preside Ignacio López-Chaves y a la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado investigar si hubo concertación de ofertas entre Alsa y Monbus en las líneas de transporte regular de viajeros por carretera. Este organismo había archivado previamente sus actuaciones al entender que no había indicios de prácticas colusorias de la competencia, algo que sí aprecian los magistrados.
Las empresas recurrentes habían conformado diversas UTEs para competir con Monbus por los servicios de bus escolar principalmente en la provincia de Pontevedra. Entre ellas están Novas Rías, Autna, Arosa Bus, Viajes Melytour, Condado Tour, Royal Turismo, Autos Pazos, Transporte Álvarez Vázquez de Mondariz o Autocares José Barros, entre otras.
