Denuncia contra la Xunta en el TSXG por legalizar la sede de Caamaño, histórico proveedor de Inditex
Un socio de Caamaño presenta un recurso contencioso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la resolución de la Xunta da luz verde a la regularización y ampliación de sus instalaciones en Culleredo
Imagen de archivo de un grupo de operarios de Kimak Solutions, antiguo Grupo Caamaño, en Alvedro (Culleredo)
Al Grupo Caamaño se le pone cuesta arriba su proyecto para la legalización y ampliación de sus instalaciones en Alvedro (Culleredo). Un socio ha llevado a la Xunta a los tribunales después de que el Ejecutivo gallego aprobase la regularización urbanística de su sede en el último Consello semanal del pasado mes de octubre.
En concreto, un socio de Caamaño vinculado a sociedades como Valmarcasa Constructores-Promotores ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la resolución del pasado 4 de noviembre. En ella, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ordena la publicación del acuerdo alcanzado en el Consello de la Xunta.
El Ejecutivo gallego había aprobado definitivamente el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de ampliación de las instalaciones del Grupo Caamaño (ahora rebautizado como Kimak Solutions tras la compra por parte de la vasca Kider). Se trata de una decisión que ahora, con el recurso, se dirimirá en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.
«Estructura empresarial sin personalidad jurídica propia»
En el recurso mediante el cual se impugna la regularización y ampliación de las instalaciones de Caamaño en Alvedro, el denunciante también afirma que el grupo gallego, histórico proveedor de Inditex, «en realidad resulta ser una estructura empresarial sin personalidad jurídica propia, integrada por diferentes entidades mercantiles controladas por José María Caamaño Louro».
A través de este recurso, el demandante instala a la sala a que reclame a la Xunta el expediente correspondiente a este proyecto de ampliación. Además, entiende que existen «razones que explican la no conformidad a derecho de dicho proyecto sectorial y obligan a la impugnación del acuerdo que lo aprueba definitivamente, en el bien entendido que con ello se pretende, también, el cumplimiento de la legislación urbanística vigente».
A vueltas con las expropiaciones
De esta forma, la Justicia tendrá la última palabra sobre un proceso de legalización y ampliación de sede que ya había arrancado la fase de expropiaciones. El grupo había solicitado iniciar este procedimiento por trámite de urgencia. La Jefatura Territorial de la Xunta en A Coruña había fijado para los días 17 y 18 de marzo el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 16 terrenos a los que afecta el proyecto, según recogía un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Mediante este proyecto que promueve la sociedad patrimonial Lots Land & Rent (que está capitaneada por José María Caamaño y no por el grupo Kider), Kimak Solutions ampliará su cuartel general de Alvedro en un 54,3%, al pasar de los 34.535 metros cuadrados actuales hasta los 53.275 planeados.
La promesa de 1.000 empleos
Según la documentación que la empresa remitió en su día a la Xunta de Galicia, su previsión pasaba por generar 300 nuevos puestos de trabajo directos y otros 700 indirectos. Es precisamente este impacto en el empleo el que dio pie a que el proyecto cambiase de esfera y abandonase los cauces municipales para pasar a la mesa de la Xunta de Galicia, que en octubre de 2019 declaró su supramunicipalidad.
“La situación de urgencia es la que redirige la tramitación a la figura de proyecto sectorial, adoptando en él las líneas maestras expresadas en el PXOM en trámite, que, como ya se dijo, pese a no haberse aprobado definitivamente, consiguió un informe favorable de todos los organismos afectados”, llegaba a afirmar el Grupo Caamaño en el documento enviado a la Xunta de Galicia.
En él también tildaba de «insostenible» la situación por la ilegalidad de los terrenos en los que se asientan sus instalaciones. “La buena disponibilidad por parte del organismo municipal, la lentitud y la complejidad de la tramitación urbanística impidió alcanzar el objetivo [de la regularización de los terrenos]», apuntaba la firma.
