Demolición, traslado, prórroga… Choque entre Gobierno y Xunta por la crisis de Ence
La Xunta acusa al Gobierno de "falta de sensibilidad" por hablar de la demolición de la planta de Ence en Pontevedra mientras el Ejecutivo insiste con su propuesta de traslado
Imagen de archivo de la biofábrica de Ence en Pontevedra
El Ejecutivo central y la Xunta reavivan su guerra a cuenta de la crisis de Ence en Pontevedra. El delegado del Gobierno, José Miñones, ha insistido este miércoles en la reubicación de la pastera como alternativa de futuro tras la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba ilegal su prórroga.
A juicio de Miñones, «lo que procede, de acuerdo con la normativa de costas, es que el Ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado«. En ese pronunciamiento se puede plantear «una salida ordenada y un calendario razonable de demolición».
La Xunta ve «falta de sensibilidad»
Contra esta postura choca la Xunta de Galicia. Su vicepresidente primero, Alfonso Rueda, ha asegurado al Gobierno central le falta «sensibilidad» cuando habla de «demoler las instalaciones». «Esas edificaciones sirven para que mucha gente vaya a trabajar y, por lo tanto, vamos a pensar en la gente y no en demoler edificaciones», ha apuntado. «Lo que sí es sorprendente», ha dicho, es que el Gobierno hable de demolición.
«No es demoler una fábrica, estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo. No sé si el Gobierno cuando habla de demoler una fábrica, es consciente de que muchas familias -500 directas y miles indirectas-, van a trabajar ahí y lo que están demoliendo son puestos de trabajo, sin alternativa», ha añadido.
El Gobierno ve «posible» reubicar la planta
Miñones ha respondido al representante de la Xunta asegurando que es la administración autonómica la que tiene las competencias industriales y ha explicado que el Ejecutivo central»no va a ir en contra de una sentencia judicial» y ha lamentado que la Xunta le «pida hacer cosas ilegales». Por ello, ha insistido en la opción de «reubicar la planta de Ence, que es posible».
Sobre el planteamiento de adscribir los terrenos al puerto para salvar la ilegalidad de su prórroga por la ubicación, Miñones ha incidido en que esa cuestión se puso encima de la mesa en 2006 y «se descartó». Por ello, ha insistido en la «apuesta por el traslado».
A vueltas con el plan b
Sin embargo, Rueda ha defendido que la Xunta ha enviado una consulta al Consello Consultivo y que «está pendiente de evaluación». «Esto es un problema jurídico, vamos a explorar y tratar de salvar esos puestos de trabajo», ha insistido Rueda, emplazando a esperar, primero, a lo que diga el Consello Consultivo.
«Y si nos dice que no es posible, se acabó y habrá que buscar otra, pero si nos dice que es posible, para a tirar de ahí, porque es una posibilidad de salvación de puestos de trabajo», ha aseverado.
Por consiguiente, Rueda ha insistido en «pensar en la gente». «Es sorprende que sin saber si jurídicamente podemos tener una alternativa, el Gobierno nos esté hablando ya de un plan de demolición«, ha afeado, antes de ironizar y señalar que «ojalá fuese tan rápido para otras cosas que importan a mucha gente muchísimo más que demoler una edificación, que dejaría sin alternativa a miles de familia que trabajan ahora mismo y dependen de ella».
