Déficit de tarifa: del embrollo eléctrico a la ‘pobreza energética’

El carajal eléctrico no tiene fin y no resulta fácil de entender para el ciudadano de a pie que, al final, se regule en un sentido o se regule en otro, siempre acaba viendo cómo el coste de los recibos aumenta sin parar. Tanto, que cada vez son más los hogares a los que no les llega para pagar las facturas, y muchas familias han entrado ya en la denominada pobreza energética, la que se produce cuando no se pueden mantener unos mínimos índices de habitabilidad en la vivienda.

Pagan, pagamos, por un lado, o pagamos por otro. Lo hacemos a través de lo que consumimos, por la potencia contratada y también por la aplicación derivada de unos coeficientes cada vez más altos por el mantenimiento de las energías renovables.

Déficit tarifario

El último punto de fricción en este desaguisado ha venido motivado por el hecho de que al Gobierno no le salen las cuentas. Resulta que en 2013 el déficit tarifario –la diferencia entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico– iba a ser cero, y va a ser que no. Que al final se queda en 3.600 millones de euros (30.000 millones en el total acumulado), los que el Gobierno se había comprometido a aportar mediante las aplicaciones presupuestarias extraordinarias recogidas en la reforma eléctrica aprobada el pasado mes de julio.

Pero a la hora de la verdad, en el Ministerio de Hacienda se dieron cuenta de que no, de que el Estado no podría cubrir este dineral. Una enmienda del trámite de la reforma eléctrica en el Senado dejaba en papel mojado el crédito de 2.200 millones para cubrir los desfases en la generación de energías renovables, otro 900 millones para la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares y 500 millones más correspondientes a determinados impuestos de hidrocarburos.

Aumento del recibo

Y, claro, las empresas eléctricas, que ya contaban con estas aportaciones para amortiguar el impacto de la reforma en sus balances, pusieron el grito en el cielo, apresurándose sus responsables, por boca de la patronal Unesa, a señalar que tarde o temprano la cobertura de estos sobrecostes recaería sobre el consumidor final, de una u otra manera.

Como siempre ha sucedido y siempre sucederá. Dejando al margen los casos de Chipre e Irlanda por su insularidad, los consumidores españoles son los que más han visto aumentar el coste del recibo de la luz en los últimos diez años. Hasta un 70%. Ahora dicen que este revés para las arcas de las eléctricas supondrá que la factura de los recibos se incrementará otro 15% en los próximos años.

Amortizar el incremento

Un incremento que se supone que se evitará si al final el Gobierno articula un mecanismo –similar al FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico)– por el que el Estado avale las emisiones de deuda de las empresas eléctricas. El anterior agotó en mayo su capacidad. El nuevo fondo sin duda se articulará, pero no está tan claro que las subidas de las facturas no sigan produciéndose.

Y detrás de todo este berenjenal lo de siempre. Las empresas eléctricas tradicionales echando la culpa de la generación de todo este déficit tarifario a los productores de renovables, sobre todo de origen solar y fotovoltaico. Y estos, muchos de ellos a punto de declararse insolventes por la reducción de las primas y la imposibilidad de asumir el pago de los créditos que asumieron para montar las instalaciones, dejando entrever que su salida del negocio servirá para que dentro de unos años sean precisamente sus ahora grandes detractores los que se hagan con un negocio que se presume más que boyante.

Disminución consumo eléctrico

Mientras todas estas cuestiones se sustancian, la realidad pasa por una disminución brutal del consumo eléctrico, que provoca que los costes fijos para las empresas se cubran con más dificultad. Y un futuro más que negro, el que se avecina cuando ese consumo se recupere, ya que entonces los costes asumidos por el sistema se incrementarán sobremanera al no poder echar mano de la tecnología nuclear como fuente de generación.

Y si a las empresas les sale cara su factura, qué decir de esas familias que directamente han dejado de pagar los recibos, provocando una morosidad superior al 5%. Hasta hace unos meses muchas facturas se abonaban fuera de plazo tras la devolución del recibo, llevando su pago al límite de plazo prorrogado para evitar el corte del suministro. Pero, con la crisis acuciando y sin ingresos para hacer frente a todos los pagos, ni las advertencias surten el efecto buscado.

Así las cosas, y como tampoco es cuestión de cortar el suministro de manera generalizada, las empresas se han adentrado en alternativas que pasan por acometer planes de pagos flexibles, como negociar una cantidad mensual y diferir el resto en cuotas sucesivas. No deja de ser una patada hacia adelante, porque si no hay dinero ni difiriendo el pago se puede solventar el problema, pero, al menos, se evita el corte del suministro por un tiempo.