Defensa guarda silencio ante la presunta estafa en Hércules de Armamento

El Ministerio de Defensa ha dado la callada por respuesta. No ha querido pronunciarse sobre la imputación del director y propietario mayoritario de Hércules de Armamento, Ramón Mejuto, como presunto autor de un delito de estafa. Y, todo ello, a pesar de que dicho departamento es el titular de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas y fue el encargado de adjudicar a este proyecto el futuro de la factoría coruñesa.

Defensa ha preferido guardar silencio. No lo tiene fácil: el máximo responsable de la concesionaria ha sido imputado por un presunto delito de estafa por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, al que tendrá que ir a declarar el próximo día 3 de diciembre. Hace tan solo unas semanas, el ministerio puso la cara por Hércules de Armamento, si bien limitándose a trasladar la información remitida por la empresa en la que aseguraba haber cumplido los compromisos adquiridos tras el primer año de concesión.

Por la tangente

El departamento que encabeza el ministro Morenés no entró entonces a valorar ni a evaluar de qué modo había logrado la firma dirigida por Ramón Mejuto cerrar las contrataciones exigidas. Tampoco hizo referencia a otros aspectos que Hércules de Armamento omitió en la segunda reunión de la comisión de seguimiento, como la ampliación de capital prometida o la entrada de un socio industrial.

Economía Digital ha intentado saber sin éxito si la empresa se encuentra al corriente de sus pagos, al menos en lo que a Defensa compete. La concesionaria, tal y como establece el convenio de cesión, debe pagar algo más de 200.000 euros anualmente al ministerio en concepto de canon por la utilización de las instalaciones.

En cualquier caso, Defensa aclaró tras la reunión que, en su condición de propietario, «no le corresponde el seguimiento de la actividad sino sólo el control de la fabricación de material de defensa».

Preocupación en IFFE

Quien sí se ha posicionado ha sido el otro concurrente: IFFE. Sin querer entrar en cuitas societarias, David Carro, uno de sus responsables, mostró su preocupación porque este capítulo pueda poner en tela de juicio el futuro de la actividad en los terrenos de la antigua Fábrica de Armas, «algo que en A Coruña nadie desea».

Carro, que afirma no tener una opinión contraria «a ninguna persona física ni jurídica», aboga por una solución respetuosa que integre los intereses de todo el mundo. En este sentido, considera que «más allá de lo puramente administrativo subyace una voluntad política» que, apunta, no sabe «dónde está atascada». «Las cosas cuando se pueden arreglar, se arreglan».

Intereses ocultos

También se han pronunciado los antiguos miembros del comité de General Dynamics. Su presidente, Roberto Teijido, cree que la imputación de Ramón Mejuto es «el principio del iceberg» que podría acarrear «importantes consecuencias para los que están gobernando».

«Es un escándalo que, por lo que sea, la administración está ayudando a tapar y eso no puede ser», denuncia Teijido. «Defensa, que es cómplice en todo esto, debería tomar las decisiones adecuadas para que los ciudadanos sigamos creyendo que la democracia todavía funciona». «Hoy en día las administraciones no funcionan, no porque no tengan medios, sino porque hay intereses oscuros en todo el proceso», concluyó.