Navantia, Alcoa y Reganosa, clientes del cártel que multa Competencia
Masa y Maessa, empresas del grupo de Florentino Pérez sancionadas por la CNMC, trabajan para grandes compañías asentadas en Galicia
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones que se elevan por encima de los 54 millones de euros a un total de 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial a las que acusa de haber orquestado un cártel que durante 17 años encareció sus servicios, fundamentalmente a compañías del sector energético y petroquímico. Dos de las firmas que acumulan mayores cuantías de multa, Masa y Maessa –ambas en manos de ACS– llevan décadas trabajando en la comunidad gallega a través de filiales. Entre sus clientes se encuentras grandes motores de la economía gallega: Navantia, Reganosa o Alcoa, entre otras.
De las 19 empresas sancionadas por Competencia, Masa es la que acumula una multa mayor. En concreto, 14,5 millones de euros para una firma que forma parte de la división de empresas prestadoras de servicios industriales del grupo de Florentino Pérez. La compañía lleva décadas trabajando en Galicia a través de su filial Masa Galicia. Esta sociedad acabó el año 2018 con unas pérdidas de 70.000 euros y en situación de quiebra técnica, con un patrimonio neto negativo de 91.000 euros. Domiciliada en A Coruña, en la documentación remitida al Registro Mercantil la sociedad explica que, a pesar de registrar un fondo de maniobra negativo de algo más de 6.000 euros, los flujos de caja positivos que conseguirá este 2019, así como el apoyo financiero de la sociedad cabecera y la renovación de las líneas de crédito serán suficientes para tomar oxígeno y hacer frente a todas las deudas a corto plazo.
De Alcoa a Reganosa
A pesar de los números, la facturación de Masa Galicia va en aumento. En 2018 sumó ingresos por valor de 13,4 millones de euros, frente a los 10,6 del ejercicio precedente. Del total, 4,3 millones proceden de contratos en territorio gallego, si bien su primer mercado radica en Asturias, donde su cifra de negocio pasó de 4,7 a 6,9 millones.
La compañía explica en su informe de gestión que durante 2018 renovó contratos de mantenimiento y limpieza industrial con la central térmica de Meirama, en A Coruña (ahora parada) o con la de Narcea, en Asturias. Lo mismo hizo con Reganosa, donde se encarga de trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico o con la antigua planta de Alcoa Inespal en A Coruña. Por otro lado, entre los nuevos contratos firmados el pasado año también destaca uno con la Refinería de Repsol en A Coruña, de mantenimiento de equipos dinámicos.
Maessa, la proveedora de Navantia
Maessa es otra de las firmas dependientes del gigante ACS que ha sido expedientada por Competencia y que trabaja en la comunidad gallega. En este caso, la multa impuesta asciende a casi 3,5 millones.
Si bien la compañía realiza trabajos en el campo del mantenimiento y el montaje industrial, actividades por las que viene la sanción impuesta por Competencia, su negocio en Galicia está en otra rama de actividad no afectada por la sanción y se circunscribe al naval. Maessa es, de hecho, una histórica proveedora de Navantia. Beneficiada en el pasado con numerosos contratos, en la actualidad, y según comentan fuentes de la plantilla, se encuentra especialmente afectada por la falta de pedidos del grupo estatal, algo que ha derivado en una drástica reducción en el número de empleados.
Maessa ha realizado trabajos para Navantia ligados a la construcción de los buques logísticos para la armada australiana, así como el buque de proyección estratégica Juan Carlos I para la española. Los submarinos s-80, así como las patrullas de vigilancia que Navantia hizo para la armada bolivariana figuran también en su currículum. Aunque no aparecen como proyectos destacados en su página web, Maessa consiguió distintos contratos ligados a la construcción del flotel de Pemex por parte de Navantia, que se realizó en virtud de un acuerdo entre el gobierno gallego y la petrolera mexicana que hoy en día aún posee el 51% del astillero vigués de Barreras.
El proceso de la CNMC
En cuanto a la investigación desarrollada por Competencia, el órgano supervisor acredita que las 19 empresas multadas formaron un cártel que entre 2002 y 2017 se repartió al menos 746 licitaciones. «Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico», indicaba ayer la CNMC en un comunicado en que el advertía de que la resolución se ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas del citado cártel, a excepción de las que se acogieron al Programa de Clemencia, no puedan realizar contratos con el sector público.
