De Iberdrola a Naturgy: las eléctricas del Miño-Sil se embolsaron devoluciones del Gobierno por 416 millones

El pasado diciembre, el Consejo de Ministros acordó destinar 1.908 millones de euros del fondo de contigencia a cumplir las sentencias derivadas de la decisión del Supremo de tumbar el canon hidroeléctrico aprobado en el año 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que gravaba el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. Ahora, la memoria correspondiente a 2021 de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil expone que la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tramitó el pasado ejercicio la devolución a eléctricas con explotaciones en esta cuenca de liquidaciones que ascendieron a la astronómica cifra de 417 millones de euros (al margen de los correspondientes intereses).

En la memoria de la confederación hidrográfica no se detalla quiénes fueron las compañías beneficiadas por las millonarias devoluciones, si bien teniendo en cuenta su negocio hidráulico en la comunidad gallega, Iberdrola y Naturgy habrían sido las que habrían captado mayores ingresos vía devolución de impuestos. Dos compañías que, precisamente, se vieron en el foco mediático el pasado año durante el verano por los episodios de vaciados de embalses en Ourense pero que, finalmente, no fueron expedientadas por el Ejecutivo.

La sentencia del canon hidroeléctrico

Para entender de dónde proceden estas millonarias devoluciones hay que acudir al Tribunal Supremo, que el pasado año dictaminó la devolución del canon hidroeléctrico aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 al hallarlo contrario al ordenamiento jurídico.

El Alto Tribunal determinó la devolución de lo recaudado por este tributo en 2013 y 2014, al entender que no podía haberse reclamado con carácter retroactivo. Pero, además, también indicó que era necesario devolver la recaudación por este concepto acumulada entre los años 2015 y 2020 en aquellos casos en los que no se hubiera llevado a cabo la previa revisión de la concesión administrativa para el uso del agua con fines hidroeléctricos.

Aunque se sabía que las devoluciones era millonarias, hasta ahora, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no había puestos números redondos a la cantidad que el Gobierno tendría que devolver a las compañías que explotan las aguas gallegas. En sus cuentas anuales correspondientes al año 2020, la entidad, dependiente del Gobierno central, ya apuntaba a que, debido a la sentencia del Supremo, “podría llegar a acordarse la devolución de los ingresos percibidos entre los años 2015 y 2020 en concepto del canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica”. Una cantidad que ascendía a casi 370 millones de euros, “estando el 98% de esos ingresos en manos del Tesoro Público”.

Cerca de 600 liquidaciones

La cantidad final a devolver fue aún mayor, teniendo en cuenta las reclamaciones relativas a los pagos de los ejercicios de 2013 y 2014. En su memoria correspondiente a 2021, el organismo expone que, como consecuencia de las sentencias emitidas tras la decisión del Supremo, “la Subsecretaría para la Transición Ecológica ha tramitado, en el mes de diciembre, diversos expedientes de devolución de ingresos que, en el caso de esta confederación hidrográfica, afectaron al total de los importes recaudados por el canon hidroeléctrico, ejercicios 2013 a 2020, ambos inclusive”.

“Si bien las devoluciones fueron ordenadas por la Subsecretaría con cargo al presupuesto del ministerio, la información y documentación necesaria fue elaborada por el organismo”, apunta. “En total, se devolvieron 586 liquidaciones, por un importe de 416.860.712,17 euros más los correspondientes intereses”.