De Alcoa a Siemens Gamesa: el semáforo de la crisis industrial gallega

La crisis industrial que sacude a Galicia perdura, pero cambia con el paso de los meses y el transcurso de la pandemia. En septiembre del año pasado, tras hacerse público que el periodo de negociaciones entre Alcoa y Liberty House por la planta de aluminio primario de A Mariña lucense había expirado sin acuerdo, eran muchos los que daban por muerta la factoría. Sin embargo, la sentencia judicial que tumbó las pretensiones de la compañía de despedir a más de medio millar de trabajadores en Galicia dio un vuelco a la situación, que derivó, de nuevo, en la reactivación de las conversaciones entre los de Pittsburgh y, en esta ocasión, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este lunes, la multinacional ha convocado al comité de empresa de Cervo a una reunión para informar sobre el estado de la negociación. Las conversaciones arracaron el pasado 4 de febrero, cuando la firma remitió al organismo dependiente del Ministerio de Industria una propuesta de términos generales (un termsheet) de la venta. Si bien la representación de los trabajadores ha urgido al Gobierno central a dar una respuesta a la propuesta, toda vez que han pasado más de 15 días desde la recepción del documento, las administraciones esperan que, en esta nueva etapa, sea posible alcanzar un acuerdo. A fin de cuentas, el propio CEO de la compañía, Roy Harvey, indicó en su última comunicación a los inversores que si bien la vía judicial continúa abierta, la solución más rápida sería alcanzar un acuerdo con el Estado “en términos razonables”. Pero, si bien hay esperanza para la plantilla de Alcoa, no ocurre lo mismo en As Somozas. Siemens Gamesa cerrará la planta de palas eólicas, cuyo nacimiento en su momento estuvo ligado a la adjudicación de parques eólicos con una potencia total de 760 megavatios, el próximo 31 de marzo.

A pesar de que la propia Xunta de Galicia denunció que el ERE de extinción puesto en marcha por la compañía adolecía de “mala fe” y que empresas como Greenalia y Endesa ofrecieron carga de trabajo para la factoría de Ferrolterra, la multinacional eólica insistió en el cierre, ligado a causas organizativas y no económicas. Acabado el periodo de negociaciones del expediente laboral, y sin haber sido posible alcanzar una solución de continuidad, este sábado, 170 de los 215 trabajadores afectados votaron a favor de las condiciones del proceso de cierre negociadas entre sindicatos y empresa.

Siemens ofrece recolocaciones en Portugal

El acuerdo alcanzado establece una indemnización media de 63 días por año trabajado sin límite de mensualidades, con una indemnización mínima asegurada de 30.000 euros para cada operario. También se ha acordado un plan de prejubilaciones desde los 55 hasta los 63 años con el 70% del salario regulador hasta el 80%. De forma paralela se ha presentado un plan de reubicaciones internas de hasta 155 puestos de trabajo, de los que 104 serán vacantes en Portugal, en la planta adquirida por Siemens en Vagos el pasado año, a 300 kilómetros de As Somozas y que, para la plantilla, es la que ha sentenciado a la sociedad gallega. Los empleados que accedan a trasladarse a Portugal tendrán un periodo de cuatro meses de prueba, tiempo en el que podrán decidir si acogerse al ERE en caso de que así lo deseen.

En el caso de trasladarse a territorio luso, los operarios percibirán el mismo salario que tenían en Galicia durante esos cuatro meses y, a partir de esa fecha, pasarán a cobrar según las condiciones de la planta portuguesa, más bajas. A pesar de haber aceptado estas propuestas, tanto CCOO como UGT denuncian que Siemens Gamesa ha optado por una “deslocalización en toda regla”.

El rescate millonario de Celsa

No obstante, no son estos los únicos actores de la crisis industrial gallega. Ya desde 2019, principalmente debido a los altos precios de la electricidad, los trabajadores de otras grandes factorías radicadas en la comunidad salieron a la calle para demandar garantías para poder continuar su actividad. Entre otros, fue el caso de las plantillas de Celsa Atlantic, en A Laracha, o de Ferroatlántica, en Sabón. Acuciados por el golpe de la pandemia, en estos momentos, no obstante, dos hechos han supuesto una inyección de oxígeno. El grupo que engloba a la primera compañía está pendiente de recibir un rescate millonario por parte de la SEPI, mientras que la matriz de la segunda acaba de acometer una refinanciación de deuda con sus acreedores.

Las cuentas recientemente depositadas en el Registro Mercantil por ambas compañías dan muestra de la evolución de su situación. La factoría de A Laracha forma parte, junto con otra siderúrgica de Vitoria, de la sociedad Celsa Atlantic. La filial del grupo de la familia Rubiralta cerró el ejercicio 2019 con unas pérdidas de 29,2 millones de euros, frente a los 8,6 en rojo del año 2018. Los ingresos de la sociedad dueña de la planta de A Laracha, en su día impulsada por los empresarios Manuel Añón y Epifanio Campo, también cayeron: un 11%, de 295 a 261 millones de euros. En el informe de gestión que acompaña al balance de resultados, los administradores de la compañía destacan el golpe que el grupo en su conjunto experimentó debido al Covid. “A partir del segundo trimestre de 2020 varias de las magnitudes financieras del grupo se han visto imprevisible y severamente afectadas”, indica.

Si bien, el grupo siderúrgico mantiene desde hace meses una ardua negociación con sus acreedores por el cumplimiento de sus compromisos de pago (el pasado año, un juzgado de Madrid dictó una resolución eximiéndole de cumplir, de forma momentánea, con los pagos financieros debido a la situación de fuerza mayor impuesta por el Covid), la familia Rubiralta juega todavía la carta de la SEPI, a la que habría solicitado más de 350 millones de euros acogiéndose al fondo de rescate articulado por el Gobierno para empresas estratégicas con el fin de sobreponerse al golpe del coronavirus.

La refinanciación de Ferroglobe

En el caso de Ferroatlántica Sabón, las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio 2019 no arrojaban buenos presagios. Recientemente depositadas ante el Registro Mercantil, en las mismas, sus administradores indicaban que, a fecha de la formulación de las cuentas (marzo de 2020, cuando estalló la crisis del Covid) la situación de la sociedad era comprometida. “Durante el segundo semestre de 2018 y a lo largo de 2019, la actividad del grupo al que pertenece esta sociedad experimentó un descenso dramático en los precios de los productos que afectó negativamente a sus resultados. En la actualidad, la magnitud y duración de estos ciclos y las fluctuaciones de precios resultantes son difíciles de predecir. Ante las incertidumbres descritas, los administradores evaluaron que la sociedad tenía recursos financieros adecuados, si bien con un margen de liquidez limitado para operar como empresa en funcionamiento los próximos doce meses”, apuntaban. Este hecho, unido a la propia crisis del Covi, fue destacado por Deloitte en su informe de auditoría, en el que llamaba la atención sobre las dudas que podía generar para el futuro de la sociedad “la existencia de una incertidumbre material”.

No obstante, la situación también ha dado un giro este inicio de año. Y es que Ferroglobe, sociedad dueña de la planta de Ferroatlántica y con el grupo Villar Mir como accionista mayoritario, encontró un camino para salvar su situación. A principios de mes anunció que se encontraba ultimando una reestructuración que implicará su recapitalización con 100 millones de dólares de liquidez adicional con los que garantizar la suficiente financiación para ejecutar su plan estratégico. La negociación con los acreedores supone, al menos de momento, toda una inyección de oxígeno para todo el grupo. Además, Ferroglobe será junto a Little Electrics Cars la representante de España en un Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) sobre baterías que aprobó recientemente la Comisión Europea.

Por contra, la presión aumenta en Alu Ibérica, la factoría coruñesa de aluminio que Alcoa vendió a los suizos Parter y que en estos momentos está en manos de grupo Riesgo. La plantilla demanda la intervención urgente, ante la escalada de la tensión (han despedido a cuatro representantes sindicales) y la caída de la producción.