Alcoa y Ferroatlántica revisan sus inversiones en Galicia tras la puja

“Desastre absoluto”. Así es como la mayoría de empresas electrointensivas definen la subasta de interrumpibilidad llevada a cabo por Red Eléctrica por mandato del Gobierno y que tenía como objetivo dar ayudas a las grandes consumidoras de energía a cambio de garantizar una parada de consumo en determinados momentos de alta demanda. La puja realizada en Madrid durante casi tres jornadas ha resultado completamente insuficiente para un sector en crisis que, además, carece de un estatuto que lo regule.

Las subastas de potencia interrumpible para el primer semestre de 2020 han asignado 1.000 megavatios a 30 empresas por 4,38 millones de euros. Una cifra irrisoria para el sector, teniendo en cuenta que el importe es 20 veces inferior a los 95 millones de euros adjudicados en la pasada subasta del mes de junio, momento en el que la cantidad ya fue calificada de insuficiente. En una subasta mutilada, en la que ya no se podía pujar por bloques de interrumpibilidad de 40 megavatios (MW), se llegaron a repartir 200 bloque de tan solo 5 MW con un precio medio de asignación de 8.700 euros por megavatio y año. Un tijeretazo que ha impactado de forma tremenda en los grandes consumidores gallegos, como Alcoa, Ferroatlántica o Celsa. Tanto es así que las dos primeras revisan sus inversiones en Galicia. La primera ya lo ha dicho claramente una vez finalizada la subasta. La segunda avisaba hace unos días a sus trabajadores que en función del resultado de la misma decidiría si tomar medidas de ajuste en la plantilla.

Nada más conocerse el resultado de la subasta, Alcoa hizo público un comunicado en el cual indicaba que, sin ayudas y con el actual precio de la electricidad, “es inviable producir aluminio en España”. Una advertencia que suena funesta en la planta que la compañía aún tienen en San Cibrao (Lugo).

Ferroatlantica, amenazada por un Erte

Si bien Alcoa presenta la situación más límite, debido a la amenaza de cierre que pesa sobre la factoría, la gran industria gallega se ha visto duramente golpeada por el resultado de esta subasta. De “debacle” definen los sindicatos de Ferroatlántica en Sabón el resultado global de la subasta de interrumpibilidad. Los representantes de los trabajadores están llamados la mañana de este viernes a una reunión con la dirección de la planta para conocer con exactitud las cantidades que ha percibido el complejo en esta puja eléctrica.

“Vemos que se adjudicaron los bloques por unos 8.000 euros el megavatio y es casi diez veces menos que lo que se cobró en la anterior subasta”, aseguran fuentes sindicales, que consideran que este nuevo recorte de ayudas agrava la crisis de la factoría.

Sobre ella se ha instalado la amenaza de la reactivación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que la compañía había planteado a comienzos de año. La empresa tuvo que paralizar este ajuste laboral ante los altos niveles de ocupación del personal la planta (cercanos al 100% tras asumir su plantilla trabajos entonces desempeñados por auxiliares), pero abrió la puerta a volver a ponerlo en marcha si los resultados de la subasta de interrumpibilidad no eran los deseados.

La plantilla de Celsa teme la deslocalización

En la fábrica de Celsa Atlantic en A Laracha, los trabajadores también aguardan una reunión urgente con la empresa. A la espera de la misma, lo que les han adelantado es que el resultado ha sido “un desastre total” para el sector. La compañía de la familia Rubiralta presentó todas sus factorías electrointensivas a la subasta eléctrica. El resultado de la misma, según explican representantes sindicales de CCOO, “puede hacer que haya empresas que, incluso, pierdan dinero si tienen que realizar alguna desconexión”. “Realizar una subasta eléctrica tan a la baja, sin bloques de puja grandes de 40 megavatios y solo para seis meses y hacerlo sin tener en vigor un nuevo estatuto de las electrointensivas que regule el precio de la energía, es condenar al sector”, indican. En la factoría coruñesa el miedo viene en forma de deslocalización. Temen que se produzca, teniendo en cuenta que la acería que el grupo tiene en Francia está construyendo un tren de laminado en el que se realizará la misma actuación que en A Laracha.

En la misma línea se expresó este miércoles la patronal siderúrgica Unesid, quien considera que el resultado de las subastas para el primer semestre de 2020 es “una tragedia para el sector” que condena las inversiones y el empleo.

Alcoa paga el MW un 97% más caro que hace 7 años

Pero, de todas las factorías radicadas en Galicia, la que presenta una situación más comprometida es la de Alcoa en San Cibrao. La compañía asegura que sus ingresos por interrumpibilidad han caído en más de un 90%. “La reducción en el valor obtenido en esta subasta empeora la situación de la planta de aluminio de San Cibrao, ya que tendrá un impacto inmediato en sus costes de energía a parte del 1 de enero, agudizando aún más nuestra posición no competitiva con respecto a los países vecinos de la UE, donde los respectivos gobiernos han establecido marcos energéticos estables”, asegura la compañía. “Con este coste de energía, la producción de aluminio primario en España es inviable”, indica la firma, que asegura que, en este momento “no se ha tomado ninguna decisión”, pero está analizando la situación y el impacto de la puja en sus operaciones.

La compañía, que esta misma ha cerrado una filial en Texas debido al aumento del precio de la alúmina, explica que el año que viene, el precio neto que tendrá que pagar por la electricidad será de 58,5 euros por MW, un 97% de lo que abonaba en 2013, cuando el precio estaba establecido en 29,6 millones de euros. El pasado año, el precio neto que tendría que abonar ascendía a 54,3 euros, aunque finalmente se vio reducido a 45,5 debido a las compensaciones de costes de emisiones indirectas de CO2 que aporta el gobierno.

Compensaciones CO2

“El año que viene aún no sabemos cómo se van a organizar esas compensaciones de CO2. La realidad es que se suponía que estas ayudas se incrementarían mientras bajaban las de interrumpibilidad pero no ha sido así y empezaremos el año con un precio neto de 58,6 euros por MW, algo que no es competitivo”, explican desde la compañía, que este año fue una de las más favorecidas por las ayudas compensatorias del Gobierno.