Cuenta atrás de Audasa: en agosto arranca la nueva concesión y avisa de reclamaciones millonarias
El Ministerio de Transportes defiende que la Comisión Europea aún no ha declarado contraria a derecho la prórroga de la concesión aunque la gestora de la autopista vuelve a amenazar con la reclamación de una indemnización de más de 1.000 millones
Puente de Rande, en Vigo
Comienza la cuenta atrás para Audasa, la concesionaria de la AP-9. El próximo 18 de agosto arranca la ampliación del nuevo periodo concesional de explotación que le fue concedido con el Gobierno de José María Aznar durante 25 años más, hasta 2048. No obstante, esta prórroga está bajo la lupa de la Comisión Europea, que en septiembre de 2021 alertó de que tendría que haberse llevado a cabo mediante un nuevo concurso público.
Ante la posibilidad de un paso adelante de Bruselas que tire por tierra la renovación automática de la concesión, la gestora de la Autopista del Atlántico recuerda que está dispuesta a emprender una reclamación judicial contra el Estado español, que le otorgó la prórroga a cambio de unas obras ya ejecutadas en la autopista, que sobrepasaría los 1.000 millones de euros.
La compañía lo recuerda en un nuevo folleto presentado ante la CNMV y relativo a una emisión de obligaciones. Según la información auditada, la empresa contaba con una deuda financiera neta de 1.034 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, por lo que ese sería el importe mínimo que reclamaría al Gobierno en concepto de compensación por cualquier modificación en el contrato vigente.
Sin noticias de Bruselas, de momento
En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió expediente a España por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público.
La primera ampliación se aprobó en 1994 –hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González– y la segunda en el año 2000 –hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar–, mediante sendos reales decretos.
No obstante, de momento, el Gobierno no parece preocupado con el futuro de la AP-9. A febrero de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no había previsto ninguna actuación que pueda afectar a la relación contractual de la concesión, al considerar que no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho esta prórroga.
Siguientes pasos
En cualquier caso, Audasa ha recogido en su folleto publicado en la CNMV los próximos pasos que Bruselas podría tomar si finalmente concluye que España no ha cumplido con la legislación europea, el primero de los cuales sería pedir formalmente al Gobierno español que dé cumplimiento a las leyes comunitarias.
Si el Gobierno mantuviese el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría forzar a España a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley.
«Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda«, ha advertido la empresa.
Posteriormente, si el Estado no ejecutara la sentencia, la Comisión podría iniciar un segundo procedimiento de infracción mediante el envío de una segunda carta de emplazamiento. En una segunda sentencia, la justicia europea podría, a propuesta de la Comisión, imponer al Estado miembro el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Por ahora, Audasa ha confirmado que en el último año no se encuentra incursa en procedimientos gubernamentales, judiciales o de arbitraje, incluidos aquellos procedimientos que aún están pendientes de resolución o que podrían iniciarse según conocimiento de la empresa.
