Copasa alega una «delicada» situación financiera para frenar una multa por cártel

La constructora ourensana Copasa ha logrado paralizar en la Audiencia Nacional la multa de 5,6 millones que le impuso el pasado verano la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por formar parte de un cártel para adjudicarse los contratos de conservación y explotación de carreteras. El informe de la CNMC concluyó que un grupo de 12 empresas coordinaron sus ofertas y siguieron criterios compartidos en las licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018. En ese periodo, el presunto cártel se hizo con 530 millones en contratos, el 63% del importe total adjudicado por Fomento para esta materia.

Varias de las grandes constructoras españolas fueron sancionadas, desde ACS a Sacyr, pasando por Ferrovial, Elecnor o Acciona. Y también Copasa, que encajó una multa de 5,6 millones, cuya ejecución queda ahora paralizada por la Audiencia Nacional. La sala de lo Contencioso, en un auto del pasado 21 de febrero, entiende que, efectivamente, el grupo gallego ha acreditado que «el pago de la multa impuesta le origina un perjuicio irreparable tal y como se corrobora con el informe de cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020″, dicen los magistrados.

Copasa: 1,5 millones en caja, tres veces menos que la multa

Y para acreditarlo, Copasa recurrió a un informe de BDO, en el que alega que no dispone de liquidez suficiente para atender el pago de la sanción y, a la vez, poder continuar con su actividad habitual, la construcción. También da cuenta de las dificultades que tendría para atender a los vencimientos de deuda, que este año ascienden a 40 millones. Y señala, finalmente, que no prevé superar los 1,5 millones de caja en todo 2021, un importe «casi cuatro veces inferior» a la cuantía que le exige el superregulador.

«En esta situación, la única forma de hacer frente al pago de la sanción seria agotando la disponibilidad de la línea de crédito, lo que, sin embargo, la dejaría sin recursos suficientes para necesidades tan básicas de su día a día como son seguir financiando las necesidades de capital a corto plazo de las obras, de manera que la sociedad pueda seguir prestando su actividad de manera normal; y atender los vencimientos de 2022″, señala el informe de BDO.

La firma añade que «la situación actual de Copasa, independientemente del importante impacto que se derivaría del pago de la
sanción, ya indica la dificultad que tendrá la sociedad de atender los vencimientos de deuda«. «El hipotético pago de la sanción no haría más que agravar la delicada situación financiera en la que Copasa se encuentra, hasta el punto de poder afectar al normal desarrollo de su actividad», concluye.

BDO también explica que esta «delicada» situación en la tesorería de Copasa se debe al impacto del Covid en el sector de la construcción.

Veto a los contratos públicos

Respecto a la prohibición de contratar con el sector público, la otra sanción impuesta por la CNMC a las constructoras del presunto cártel, la Audiencia Nacional también decide congelarla. En este caso, alude a una sentencia previa del Tribunal Supremo para indicar que «los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente».