Contratos a dedo y a empresas ajenas a la sanidad: Contas reprende a los concellos por la compra de mascarillas

El Consello de Contas de Galicia aprecia la existencia de «importantes deficiencias» en los contratos menores tramitados por las distintas entidades locales gallegas en los ejercicios de 2019 y 2020. Entre ellas, destaca la “dudosa relación” entre el objeto de algunos de los contratos y el de sus adjudicatarios, al no estar relacionados con el sector sanitario. En concreto, el órgano fiscalizador pone el foco en compañías relacionadas con actividades como elaboración y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, compra venta de valores mobiliarios, educación secundaria técnica y profesional, actividades de administración pública.

Así se destaca en el Informe de fiscalización das obrigas de remisión de información das entidades locais de Galicia e avaliación do entorno de control en el que analizan las 360 entidades locales de Galicia y que ha sido aprobado y remitido al Parlamento autonómico. Según apunta Contas se llama la atención en que el principal objeto del contrato de contrato de expedientes «con dudosa relación con el objeto social» es la adquisición de mascarillas quirúrgicas (cita dos ejemplos concretos del Ayuntamiento de Santiago, por ejemplo) y FPP2, guantes y equipos de protección individual.

Entre los nombres que figuran en este listado se encuentra Sibucu 360 SL, la empresa que pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a superar los 30 millones el año del Covid gracias a los contratos públicos para suministrar material sanitario, que fue adjudicataria de contratos para el suministro de EPIS y de máscaras quirúrgicas.

También se encuentra entre los adjudicatarios Adrenalicia Paintball, distribuidores  mayoristas de productos de paintball, que recibió un contrato para el suministro de productos de limpieza y desinfección red de bibliotecas y Salgadoiras de Moreiras; o Bergondo Servicios Publicitarios, que se abasteció a distintos departamentos del ayuntamiento de Bergondo de guantes de nitrilo y de mascarillas.

Más deficiencias

También se incluye entre los incumplimientos el de la obligación legal de publicar los contratos. Además de ello se afea que no siempre se justificase la emergencia y que en ocho de cada 10 no se invitó a otras empresas a participar, más allá de las adjudicatarias.

Entre los objetivos del análisis, Contas sitúa de forma específica la revisión de la contratación que se tramitó en las entidades locales por la vía de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, verificando el cumplimiento de las prescripciones normativas en relación con los principios de publicidad y transparencia de la contratación, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.

Para realizar el análisis, del total de contratos menores comunicados en la plataforma de rendición de cuentas por las entidades del sector público local en 2020, un total de 33.454 expedientes con un importe de adjudicación que supera los 111 millones, se seleccionó una muestra que por su objeto podría estar ligada a la covid-19: 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones.

Todos ellos cumplieron, según el órgano fiscalizador, el umbral establecido para los contratos menores. Sin embargo, se incumplen otras obligaciones legales. Por ejemplo, solo el 58,1% se publican en el perfil del contratante, idéntico porcentaje para aquellos que indican con qué objeto se formalizó el contrato. Menos del 60% indicaron el precio de adjudicación y solo el 56,49% identificaron al contratista.

Pero Contas ve otras deficiencias en el apartado específico en el que analiza los contratos de la covid-19 en entidades locales: la muestra refleja que solo en el 20,51% de los expedientes se invitó a otras empresas (al margen de la adjudicataria), mientras que la conformidad de la prestación se manifiesta en menos del 75% de los contratos. En unos ocho de cada diez, finalmente, no consta la declaración responsable.

Contratos menores

Al margen del análisis concreto de los contratos vinculados a la covid-19, el informe refleja que la contratación menor llevada a cabo por las entidades integrantes del sector público local de Galicia durante los ejercicios 2019 y 2020 representa el 93,5% y el 92,98% respectivamente, mientras que desde el punto de vista del importe de la adjudicación es del 16,84% y el 22,02% para ambos ejercicios. Los contratos de suministros son los más usados por las entidades locales.

Ningún contrato menor de obra supera en 2020 el umbral legal, aunque esto sí sucede en ocho ocasiones en 2019: en los ayuntamientos de Cabana de Bergantiños, Vigo y Dodró.

En los de servicios la superación de los límites legales se produce una vez en 2020 (Sarria), y en 172 ocasiones en 2019 en Caldas de Reis, Cerdedo-Cotobade, narón, Oleiros, Portas, Valdoviño, Vigo, Vilanova de Arousa, en las diputaciones de A Coruña y Pontevedra, en la Mancomunidad de O Salnés y Sociedad Urbanística Provincial de Lugo.

Finalmente, en los contratos de suministro se superan los umbrales en una ocasión en 2020 (Sarria) y en 34 en el ejercicio anterior (en los ayuntamientos de O Porriño, Oleiros, Sarria, Vigo y Diputación de Lugo).

Además, Contas pone el foco en que la agrupación de los contratos por NIF y objeto permite constatar que, en 247 contratos de obras, 452 de suministros y 122 contratos de servicios su importe está «muy próximo» al límite legal fijado, por lo que «cabe inferir» que se recurre a esta vía no por «cálculo de las necesidades públicas a satisfacer, debidamente planificadas y evaluadas», sino más bien por las «ventajas prácticas de la utilización de la contratación menor».

Así, por ejemplo, se hace constar que la Diputación provincial de Ourense –en esos ejercicios dirigida por el ahora senador Manuel Baltar– es la que «más contratos menores de obras tiene adjudicados por un importe muy próximo al umbral establecido».