Condena a José María Castellano y la ex cúpula de ONO en el caso Vodafone por fraude del IVA
El Alto Tribunal desestima los recursos y obliga al que fuera presidente de ONO, a Rosalía Portela y a Carlos Sagasta a abonar el IVA entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2014
El Tribunal Supremo ha ratificado una condena a la excúpula de ONO a pagar parte de las cuotas de IVA defraudadas en 2014 por varios proveedores de Vodafone. Entiende el alto tribunal que los directivos faltaron a su deber de diligencia tras ser alertados por este fraude por la Agencia Tributaria y hacer caso omiso.
Entre los condenados por la Sala de lo Civil del Supremo, que ratifica una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, se encuentra el que fuera presidente de ONO, José María Castellano, la ex consejera delegada, Rosalía Portela, y el entonces director financiero, Carlos Ignacio Sagasta. Los mismos cesaron en sus puestos después de que Vodafone comprase ONO en 2014.
IVA de cuatro meses
El caso, conocido como el fraude del IVA lleva años en los tribunales. El Supremo considera que si los tres directivos hubieran llevado a cabo los controles previstos, la Agencia Tributaria, posteriormente, no habría obligado a Vodafone a hacer frente a una regulación fiscal que ascendió a 72 millones de euros. La sentencia no especifica cuál será la cantidad a la que, ahora, tendrán que hacer frente Castellano, Portela y Sagasta, si bien sí indica que deberán pagar solidariamente las cuotas que no pudo deducirse Vodafone entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2014, rebajando en dos meses la condena que había establecido la Audiencia Provincial de Madrid.
En cualquier caso, según Europa Press, el equipo jurídico de los condenados asegura que antes de abonar la indemnización, Vodafone deberá acreditar que se pagaron facturas a empresas involucradas en el fraude y que el monto total no superará los seis millones de euros, aunque aún no ha sido establecido oficialmente.
Asimismo, el pago a abonar por Castellano sería finalmente menor, ya que renunció a su puesto a finales de julio de 2014.
El proceso se abrió hace años, a raíz de una demanda que planteó Cableuropa, una filial de ONO, contra los tres directivos, a los que pedía una indemnización solidaria por el daño causado como consecuencia de sus actuaciones e incumplimientos de los deberes inherentes a su cargo. La cuantía reclamada llegaba a los 140 millones de euros. Esta petición fue desestimada en primera instancia por un juzgado de Madrid, y admitida en una segunda, por la Audiencia Provincial de Madrid en 2021.
Ocultar información
Los hechos se remontan a febrero de 2014 cuando la agencia tributaria alertó a una empleada de Cableuropa de un fraude tributario que implicaba a varios de sus proveedores y le pidieron las revisiones oportunas. El 30 de abril fue cuando se celebró una reunión entre inspectores y directivos por el mismo motivo. Sin embargo, la compañía no tomó medidas la respecto hasta julio de 2014.
Vodafone les achacaba a estos exdirectivos una infracción a sus deberes de lealtad, por ocultar a la sociedad matriz su implicación en el fraude del IVA.
La guerra de Castellano y Vodafone
Este no es el único asunto por el que Vodafone ha pleiteado en los tribunales contra los exdirectivos, si bien los resultados fueron bien distintos.
En septiembre de 2021, el Supremo rechazó un recurso de Vodafone contra una sentencia que obligaba a la compañía a abonar un bonus neto de más de 19 millones de euros más intereses a Castellano como presidente de ONO, operadora que fue adquirida por la multinacional por 7.200 millones de euros.