Conde califica al BNG de «guionista de ciencia ficción» por la denuncia de Adega por prevaricación
El vicepresidente primero de la Xunta asegura no haber recibido "ninguna notificación de la denuncia" de Adega por prevaricación y malversación de fondos por la tramitación de dos parques eólicos
El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia para abordar la situación de los fondos Next Generation – XOÁN CRESPO/XUNTA
Choque entre el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y el diputado del BNG, Luis Bará, a cuenta de la denuncia presentada por Adega ante la Fiscalía de Medio Ambiente. El también conselleiro de Economía ha acusado a la formación nacionalista de estar «entre esos grupos políticos que quieren anular la autonomía del poder judicial para imponer las sentencias que quieren dictar», en referencia velada a la crisis del Constitucional.
Conde ha respondido así a la interpelación del BNG por la denuncia presentada por Adega. El vicepresidente primero de la Xunta ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte «respeta la separación de poderes» y que, por lo tanto, le corresponde a la Fiscalía decidir «las actuaciones que estime oportunas» sobre la denuncia de Adega. En ese sentido, ha ofrecido la «colaboración» de la Xunta con la Justicia.
El conselleiro de Industria ha indicado que la Xunta «no tiene ninguna notificación de la denuncia» que -ironizó-«el BNG parece conocer íntegramente». Además, Conde ha defendido que la orden del 22 de marzo de 2010 «cumple estrictamente con la legalidad» y «así lo avalan todos los informes» de la asesoría jurídica. Además, este procedimiento vinculado a concurso eólico «ya se había aplicado en otras ocasiones porque así lo han constatado los servicios» jurídicos.
«Deberían dejar de ser guionistas de una historia de ciencia ficción», ha reprobado Conde al BNG, al que le afeó su modelo eólico durante el bipartito y a quien puso encima de la mesa las memorias del expresidente Emilio Pérez Touriño para advertirle de que el propio dirigente socialista recuerda que pensó en cesar al conselleiro de Industria (nacionalista) en varias ocasiones por esta cuestión.
El diputado del BNG le replicó que dudaba de si tras su paso por el Gobierno buscaría «una puerta giratoria» pero concluyó que, tras la intervención en el hemiciclo, se estaba «preparando» para ser el «portavoz de industria en la oposición» a un gobierno del Bloque.
El origen de la denuncia
En la denuncia que Adega ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña se acusa a la Xunta de cometer unos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos vinculados con la tramitación del plan industrial para el desarrollo de dos proyectos eólicos de Greenalia Wind Power.
Según sus representantes, Kaekias Eólica SA consiguió, en la Orden del 29 de marzo de 2010, la asignación de 75 megavatios para desarrollar los parques eólicos de Campelo y Lamas de Feás con el compromiso de ejecutar un plan industrial específico, o de monetizarlo en un importe económico que tendría que ser depositado en el fondo capital-riesgo del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).
Adega ha señalado, en su relato, que Kaekias Eólica escogió la opción de monetizar los parques industriales por un valor de 11,7 millones de euros. En 2016 el Grupo Greenalia absorbió la empresa Kaekias Eólica y la titularidad de los proyectos eólicos Campelo y Lamas junto compromisos vinculados a ambos proyectos, que no se había llevado a cabo. Greenalia solicitó en 2019 que se diese por ejecutado el plan industrial en base al desarrollo de tres de sus actividades llevadas a cabo entre 2015 y 2019 en vez de ingresar los casi 12 millones de euros.
Adega ha señalado que los hechos denunciados están relacionados con la resolución administrativa emitida el 21 de julio de 2021 por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais en la que se da por ejecutado el plan industrial que comprometía la asignación de potencia para los parques eólicos en el concurso de la Xunta de 2010.
