Competencia expedienta a una empresa de Florentino Pérez tras el fiasco del ‘caso Monbus’

La Comisión Galega da Competencia ha incoado un expediente sancionador contra dos empresas de servicios al ver indicios de conductas prohibidas en el marco de un concurso público del Sergas. Es el primer proceso de este tipo que abre el organismo presidido por Ignacio López-Chaves desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le obligara a investigar a Monbus y Alsa por posible cártel en uno de los principales contratos de transporte que reparte la Xunta.

El procedimiento sancionador afecta a las empresas Samaín Servizos a Comunidade y Zaintzen, filiales gallega y vasca de Clece, el holding que capitanea la división de servicios del grupo que preside Florentino Pérez, ACS. Con una facturación de 1.819 millones en 2022, Clece es uno de los grandes operadores españoles del sector, desplegándose tanto en el área de cuidados a personas mayores y dependientes como en servicios de limpieza, jardinería, alumbrado o logística. Tiene actividad en España, Portugal y Reino Unido, con las administraciones públicas como principal cliente, ya que representan el 80% de la facturación, según los datos recogidos en la memoria anual de ACS.

Limpieza de centros de salud de Lugo

Aparentemente, la investigación no partió en esta ocasión de una denuncia de otros competidores, como sucedió con Alsa y Monbus. Según señala Competencia, las pesquisas partieron de una comunicación remitida por el propio órgano de contratación del Sergas tras la licitación de un contrato de cinco millones para la limpieza y gestión de residuos de varios centros de salud y puntos de atención continuada (PAC) del área sanitaria de Lugo.

A este concurso concurrieron las dos filiales de Clece, Samaín y Zaintzen, pero fueron excluidas en el proceso de valoración de ofertas. Según la documentación consultada por este medio, el contrato fue adjudicado a Limpiezas San Froilán, una empresa lucense, por 5,2 millones y para un periodo de tres años. La mesa de contratación eliminó a las filiales de Clece por no alcanzar el umbral mínimo de horas por año ofertadas a mayores de las mínimas exigidas en el pliego técnico, el mismo criterio que sacó de la licitación también a Eulen y a Grupo Faro.

Competencia señala que «aprecia indicios racionales de conducta prohibida» en Samaín y Zaintzen, sin especificar cuál, por lo que procede a incoar el expediente sancionador y abrir una investigación que puede durar un máximo de 18 meses. Será una vez finalizada la instrucción del expediente cuando decida si sanciona a las empresas.

Reprimenda judicial por Alsa y Monbus

El expediente abierto por la Comisión Galega da Competencia llega después de la reprimenda judicial por el archivo de la investigación a Alsa y Monbus por presuntas prácticas anticompetitivas en el concurso de transporte regular de viajeros por carretera, el contrato más relevante que licita la Xunta en materia de movilidad, con un presupuesto de 497 millones en su primera fase y de 237,4 millones en la segunda.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó a la entidad supervisora incoar un expediente sancionador a las empresas al entender que hay indicios de un posible reparto de mercado, ya que concurrieron aliadas a cinco lotes, los de mayor valor, y no compitieron entre sí en ninguno de los otros 24 que repartía la Consellería de Infraestruturas. El fallo señalaba que Competencia ni siquiera investigó esa posibilidad  antes de archivar el caso, reprochándole que «no analizó ni comprobó si la distribución de los lotes favorece a Alsa y Monbus, imposibilitando la concurrencia de las de menor entidad, ni si se falsea la libre competencia o se adecua a las exigencias del mercado».