Competencia multa a Altia por integrar un cártel para hacerse con contratos públicos
La CNMC sanciona a la empresa del expresidente del Dépor con 30.000 euros y a la viguesa Hidra con casi 12.000 tras considerar que formaban parte de un cártel de 22 empresas
Tino Fernández, presidente de Altia, en una imagen de archivo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cierra su investigación sobre los cárteles de las consultoras para hacerse con contratos públicos con multas por valor de 6,3 millones de euros.
Entre las 22 empresas de servicios de consultoría sancionadas figuran dos firmas gallegas. Se trata de Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo y Altia Consultores. Esta última, presidida por Tino Fernández, deberá desembolsar un total de 30.000 euros, mientras que la primera, con sede en Vigo, tendrá que hacer frente a una multa de 11.979 euros.
El organismo que preside Cani Fernández abrió un expediente sancionador a comienzos de 2019 que ha desembocado en multas por valor de 5,87 millones de euros para las compañías y de 439.000 euros para los directivos involucrados en estos cárteles.
La mayor sanción, para Deloitte
Las mayores multas van a parar a Deloitte, que deberá abonar un total de 3,99 millones de euros, seguida de PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros. También figuran en el listado de multados la propia KPMG, con 50.000 euros, o Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), así como Indra.
A esta última la CNMC ha aplicado una reducción de la multa del 10% (hasta los 27.000 euros) como consecuencia de las actuaciones adoptadas en el marco de sus programas de cumplimiento normativo. Aminora así la sanción impuesta tras esta investigación que llevó a cabo de forma preliminar la Autoridad Vasca de Competencia (AVC), que tras detectar irregularidades, decidió trasladar el caso a la CNMC ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.
La CNMC ha considerado acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional) y que, mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados.
Las administraciones afectadas
Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas administraciones públicas, causado así un incremento de precios artificial.
En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.
Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.
