Competencia investiga a rivales de Ocaso, de la gallega Isabel Castelo
La CNMC abre una investigación sobre filiales de Mapfre y Santalucía por posible operación de concentración en el sector de los seguros de decesos
Investigación dentro del sector de los decesos. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigacíón a Funespaña, la filial de Mapfre, y a Albia, de Santalucía, relacionada con posibles operaciones de concentración en el sector de los seguros de decesos y la prestación de servicios funerarios. Un sector este en el que también juega un papel destacado Ocaso Seguros, compañía presidida por quien, según Forbes, es la mujer más rica de Galicia por detrás de Sandra Ortega, Isabel Castelo.
Este mismo lunes, la CNMV emitió un comunicado en el que anunciaba que estaba investigando la posible «concentración no autorizada de empresas de seguros de decesos y servicios funerarios, así como otras prácticas irregulares«. El organismo de Cani Fernández no revela en su nota de prensa los nombres de las empresas investigadas, si bien El País indica que se trata de estas dos firmas, primera y tercera aseguradora de España en la rama de decesos, que a finales de 2018 anunciaron un acuerdo para la fusión de sus filiales Albia y Funespaña, con el objetivo de crear la mayor compañía de sepelios nacional. Esta operación de concentración está todavía en tramitación por parte de Competencia, que en marzo, antes de la irrupción de la pandemia, indicaba su decisión de efectuar un análisis en segunda fase de esta alianza empresarial para estudiar en profundida la operación y ver si podía generar riesgos para la competencia.
Lo que se analiza ahora es si estas dos compañías incurrieron en prácticas anticompetitivas antes y después de notificar su deseo de llevar a cabo la operación de concentración que se estudia desde hace meses.
Competencia vuelve a inspeccionar
En el comunicado emitido este lunes, Competencia indica que trata de dilucidar «la posible ejecución de varias operaciones de concentración notificables sin contar con la preceptiva autorización previa prevista en el artículo 9.5 de la LDC (lo que se conoce como “gun jumping”)». También se analiza la «posible coordinación previa entre las empresas partícipes en una de ellas y el suministro a la Comisión de información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa».
La CNMC explica que se trata de la primera inspección que se realiza «en el marco del análisis de una concentración económica notificada». Además, con esta actuación, Competencia reactiva su actividad inspectora, paralizada durante los últimos meses debido a «las restricciones derivadas del Covid-19«. «Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras», explica la nota.
Cártel funerario
La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada «la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados«. Para ello se cuenta, entre otros, con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa si aportan pruebas que posibiliten a la CNMC su detección, o bien obtener una reducción del importe de dicha sanción si aportan información con «valor añadido significativo» sobre una investigación ya iniciada.
En su momento, la integración de Funespaña y Albia se valoró en 322 millones de euros. De realizarse finalmente la integración de ambas filiales, la compañía resultante contará con la mayor red de tanatorios, crematorios y cementerios privados de la península. Entre las posibles empresas afectadas por la alianza estratégica en el sector funerario se encuentra Servisa, empresa de servicios funerarios de gran implantación en la comunidad gallega y que forma parte del grupo Ocaso.
Las cifras de Ocaso
Los número de Grupo Ocaso son rotundos. La compañía, cuya sede central está en la emblemática calle Princesa, en Madrid, acabó el pasado ejercicio con un beneficio antes de impuestos de 96,8 millones de euros y un volumen de negocio de 1.054 millones, el 98% correspondiente al negocio asegurador. Este año, debido al impacto del Covid-19, los accionistas acordaron no repartir dividendos «para proteger el interés de los clientes y reforzar la situación de solvencia del grupo».