Competencia carga contra Correos por el monopolio de los envíos electorales
Defiende que la correspondencia política se licite y separe del servicio postal universal; la medida crujiría los ingresos de Correos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone quitar a Correos el monopolio de los envíos postales electorales. Es una recomendación incluida en el informe de auditoria de las cuentas de la empresa pública sobre los ejercicios 2011 y 2012.
El documento señala las dificultades que tiene Correos para controlar el coste real de los servicios que ahora presta para los envíos postales y duda que los envíos electorales deban estar incluidos en el catálogo de prestaciones del servicio postal universal (SPU).
Se trata de una propuesta que puede ocasionar un importante perjuicio económico. Sólo en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Correos ingresó 38,89 millones de euros por los envíos postales, más de un tercio del total del presupuesto destinado al proceso electoral.
Si prospera la propuesta de la CNMC, los envíos postales electorales serían sometidos a un proceso de licitación pública al que podrían acudir las empresas operadoras de paquetería.
Elecciones y servicio público
La actual legislación considera los servicios postales electorales, que incluyen el voto por correo, el envío de datos censales y la propaganda electoral, como parte del SPU. Por tanto, deben ser cubiertos por la empresa que gestiona ese servicio público, actualmente Correos.
Competencia estima que los envíos electorales se derivan de obligaciones de servicio público que impone la Administración de acuerdo con unas condiciones que en cada caso dependen de lo que disponga el Ejecutivo. Nada tienen que ver los envíos postales, entiende la CNMV, con las prestaciones del servicio postal, lo que abre la vía a su contratación con empresas diferentes de Correos.
Doble financiación de servicios
El informe de auditoría también detecta una serie de deficiencias cometidas por Correos en la gestión de los envíos electorales, sobre todo en lo que se refiere a la identificación detallada de los servicios que presta en este sentido y el coste real de cada uno de ellos.
La CNMC opina que la actual inclusión de los envíos postales en el SPU genera «un alto riesgo de incurrir en doble financiación de servicios»; es decir, que se esté pagando dos veces a Correos por cumplir una misma función.
