Cuatro empresas del ‘cártel de las carreteras’ fueron multadas por repartirse contratos de Adif en Galicia
Dos años antes de la multa por amañar los concursos de conservación de carreteras, Competencia impuso sanciones millonarias a ACS, Sacyr, OHL, Elecnor y Ferrovial por hacer lo mismo con los contratos del AVE y de otras líneas ferroviarias
Florentino Pérez durante la junta de accionistas de ACS
La sanción de 61,28 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a doce empresas por formar un cártel para adjudicarse contratos de conservación de carreteras no solo afecta a algunas de las mayores contratistas de obra pública en Galicia, sino también a grupos reincidentes. Es el caso de Elecnor, OHL, ACS y Sacyr, que fueron sancionadas hace solo dos años por el supuesto amaño de concursos de Adif para el AVE y para líneas convencionales. Fue una de las mayores multas del superregulador, ya que afectó a 15 empresas y 14 directivos, y alcanzó los 118 millones de euros.
Como presumiblemente sucederá con la nueva sanción, la resolución de la CNMC fue recurrida por las afectadas. ACS, el grupo de Florentino Pérez, encajó una multa de más de 50 millones ya que tenía a cuatro filiales implicadas (Cobra, Cymi, Electren y Semi); la de Elecnor ascendió a 20,3 millones; de menor cuantía fueron las de la filial de Sacyr, Neopul, con 762.000 euros; y la de Eym, del grupo OHL de Villar Mir, que se quedó en los 448.000 euros. Además de la importancia de los actores implicados y de los contratos presuntamente amañados (se adjudicaron 1.100 millones en obras), la decisión de Competencia tuvo especial trascendencia al activar el mecanismo para excluir temporalmente a los sancionados de la contratación pública, aunque hasta el momento no se llegó a ejecutar.
El mismo riesgo afrontan ahora las empresas multadas, entre ellas la ourensana Copasa, por coordinar ofertas para los contratos de conservación de carreteras. Como sucediera en 2019, la CNMC no fija la duración y alcance de la prohibición de contratar, pero remite su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que determine la duración y alcance del veto.
Esta medida fue introducida en la Ley de Contratos Públicos en 2015 para prohibir a las administraciones contratar «con las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia». Copasa fue la mayor adjudicataria de obra pública de la Xunta el año pasado, logrando 30,3 millones en obras.
Florentino Pérez y Elecnor hacen cártel en Galicia
Según la investigación de Competencia, las 15 empresas multadas en 2019 formaron parte de tres cárteles para acudir de manera coordinada a diferentes tipos de concursos: uno para la electrificación del AVE, otro para los equipos electromecánicos de la alta velocidad y el tercero para la electrificación del tren convencional. Estas asociaciones habrían operado desde 2002 a 2016. Precisamente, la última investigación engloba parte de este periodo, pues la concertación de ofertas para los contratos de conservación de carreteras de Fomento se habría producido entre 2014 y 2018.
El superregulador explica que el funcionamiento de los cárteles y los integrantes fue evolucionando a lo largo del tiempo, aunque tenían en común el establecimiento de mecanismos de compensación, de tal manera que las adjudicatarias, que a veces se decidían por sorteo, compensaban mediante la subcontratación a las que perdían el concurso.
Entre las obras a las que accedió el cartel estaba la “construcción y el mantenimiento de la línea aérea de contacto del Eje Ourense Santiago del Corredor Noroeste de Alta Velocidad”, que se repartieron dos filiales de ACS, Cobra y Semi, con Elecnor. No fue el único contrato que pescaron en Galicia, pues «en el año 2015, Alstom e Indra coordinaron sus estrategias para repartirse cuatro licitaciones convocadas para la extensión del mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago», dice la resolución de Competencia.
