Cinco años de batalla legal de la Xunta para sancionar a Volkswagen por el fraude de las emisiones
El Supremo pone fin a la disputa entre el grupo automovilístico y el Gobierno gallego y confirma una sanción de 51.000 euros por el conocido como 'dieselgate'
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 20 de julio, ha puesto fin a la prolongada batalla entre la Xunta y Grupo Volkswagen a causa del llamado dieselgate, el fraude de los datos de emisiones manipulados que ha costado al fabricante más de 30.000 millones hasta la fecha. Este importe se compone de compensaciones a los usuarios, sanciones e indemnizaciones de toda clase que ha tenido que abonar o provisionar la compañía a raíz de los múltiples litigios afrontados.
Una cuantía mucho más modesta, 51.000 euros, pero imbricada en el mismo escándalo, ha pasado por la Consellería de Economía, los juzgados de Primera Instancia de Santiago, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, finalmente, el Tribunal Supremo, que dio validez a la sanción del Instituto Galego de Consumo cinco años después de su emisión, en 2017.
Un año antes, en 2016, el organismo comunicó que había recibido 200 reclamaciones de usuarios cuyos vehículos estaban afectados por el fraude de emisiones y que había iniciado los procedimientos sancionadores con 30 expedientes que podrían suponer una multa para el fabricante de entre 1,2 millones y 90.000 euros, en sus importes máximo y mínimo.
Arbitraje fallido
Una de las sanciones, es de esperar que bastantes más, hizo prácticamente todo el recorrido judicial posible antes de adquirir firmeza más de cinco años después. La Sala de lo Contencioso del Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Volkswagen, cuya argumentación tenía como base que la multa había sido notificada en papel y no a través del correo electrónico. Los magistrados rechazaron sus alegaciones.
La Xunta, en su momento, propuso un arbitraje a Volkswagen para resolver las reclamaciones que por centenares se cursaban en el Instituto Galego de Consumo, pero fue rechazado por el fabricante, titular de marcas como SEAT, Audi o Porsche. De hecho, uno de los argumentos de los servicios jurídicos del Gobierno gallego fue que notificó de la misma manera que la sanción la solicitud de arbitraje y que a esta última sí que recibió respuesta en forma de alegaciones.
