Choque entre Gobierno y Alcoa: “Si no quiere la planta, que deje paso”
Mientras que Alcoa descarta la venta, el Gobierno insiste en que hay interesados en la planta y recuerda que la empresa recibió 693 millones desde 2011
Primera reunión institucional de la mesa sobre el futuro de Alcoa con tensión y posiciones enfrentadas. El Gobierno de Pedro Sánchez insta a la multinacional americana a que aporte “una solución” que impida el despido de 536 personas y entierre a la planta de aluminio de San Cibrao “o deje paso” a inversores interesados. La compañía, no obstante, descarta la venta. Asegura que la situación “es irreversible” y que la factoría de aluminio primario, la única que queda en España, “no es viable”.
Tras la reunión telemática –en la que, además de los representantes del ministerio y de la empresa, también ha estado presente la Xunta de Galicia y el comité de empresa–, el secretario general de Industria, Raul Blanco, ha indicado que la empresa debe “aclarar su plan industrial”, toda vez que ha anunciado el despido colectivo de más de 500 personas.
«No queremos una muerte por capítulos, queremos conocer los planes de Alcoa, las administraciones estamos dispuestas a apoyar el mantenimiento de la actividad», ha señalado Blanco. «Pero si no tienen un plan industrial, y quieren cerrar en España, en Europa y en Estados Unidos para centrarse en otros proyectos, que dejen paso. Lugo, Galicia y España se lo dicen», ha avisado.
Casi 700 millones desde 2011
Industria recuerda que Alcoa San Cibrao ha recibido 693 millones –132 millones por interrumpibilidad y CO2– desde 2011, mientras que desde 2009 no ha presentado al Gobierno de España petición alguna de apoyo para planes de inversión o de innovación industrial.
Junto a esto, Blanco ha defendido el compromiso del Gobierno tanto para el mantenimiento de la producción de aluminio primario como con las industrias electrointensivas e hiperelectrointensivas.
Alcoa no quiere vender
No obstante, la compañía rechaza de plano la opción de vender la planta, la que pretende el Gobierno, según llegó a anunciar el propio presidente Pedro Sánchez hace una semana. Fuentes de la firma americana explican: “Los problemas de la planta de aluminio tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir. Las proyecciones para los próximos años no cambiarán esta situación, haciendo que la posibilidad de una venta de la planta no sea factible ya que la producción no es sostenible”.
Los representantes de los trabajadores alertan de este choque y del hecho que Alcoa “no está dispuesta a vender”. Al término del encuentro, el presidente del comité de empresa de San Cibrao, José Antonio Zan, explicaba que “el problema es que a la empresa no le vale nada”. “Dicen que cualquier marco que les pongan no sirve y tampoco entran a valorar una posible venta. No quieren saber nada”, apunta.
Con todo, ve «positivo» que la Xunta y Gobierno «están apostando» por los trabajadores. Señala que la Administración gallega respalda un acuerdo a largo plazo con un operador para el suministro de energía renovable (PPA), mientras el Ejecutivo central estará «apoyando con un marco energético para que se pueda llegar a esa PPA y dentro de dos o tres años tener una viabilidad como planta«.
La Xunta reclama el Estatuto Eléctrico
Por su parte, la Xunta de Galicia ha cargado contra la actitud del Gobierno central en una reunión en la que la ministra Reyes Maroto no ha estado presente. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha lamentado que, ante la situación, el Ejecutivo “siga sin fijar un precio eléctrico que garantice el mantenimiento del empleo en Alcoa San Cibrao«.
En un comunicado, advierte de que la mesa de trabajo ha concluido sin que se sepa “cómo tiene previsto el Gobierno establecer un precio eléctrico competitivo en igualdad de condiciones con otros países europeos”. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo afea el hecho que los representantes del Ejecutivo central no hayan acudido a la reunión con el borrador del estatuto de las empresas electrointensivas y no haya aclarado si se tendrán en cuenta las alegaciones presentadas al texto, que fue publicado a principio de año, pero cuya tramitación se vio interrumpida por la crisis del Covid-19.
Como medidas para favorecer el mantenimiento de Alcoa, Conde ha abogado por la publicación de la puja de interrumpibilidad para el segundo semestre del año, así como por activar el presupuesto máximo que permite la UE para las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono. La Administración gallega también propone la elaboración de un plan específico de la industria electrointensiva para acceder al reparto de nuevos fondos europeos.
