Chiringuitos inmobiliarios 2.0 captan inversores al margen de la ley

Oficialmente son las plataformas de financiación participativa, mejor conocidas como “plataformas de crowfunding”. Se dedican a captar ahorradores e inversionistas por internet para impulsar proyectos empresariales en colectividad. Pero en la práctica, en la nueva actividad de captación de fondos por internet, han surgido chiringuitos financieros que reúnen dinero al margen de la ley. Al menos cuatro empresas inmobiliarias trabajan o han trabajado fuera de la normativa que impulsó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para –entre otros propósitos— proteger a los ahorradores.

La ley de plataformas de financiación participativa fue creada en España para que los emprendedores tuvieran acceso a nuevas formas de financiación. Pero al calor de la burbuja del ladrillo 2.0, algunas empresas captan ahorradores, pensionistas y algún inversor profesional para comprar, reformar, vender o alquilar pisos.  

Tres nuevas empresas de inversión inmobiliaria, Inveslar, Bricks&People y CdeCactus, captan inversores para estos fines sin contar con los permisos del regulador para las plataformas de crowfunding. Y la cuarta y mayor del sector, Housers, levantó 15 millones de euros entre julio de 2016 y mayo de este año cuando no contaba con los permisos. Ahora, la compañía ha comenzado a trabajar bajo el paraguas de la legalidad.

Sobre la frontera de la ley

La compañía Inveslar, que opera desde Barcelona, reconoce en su propia web que no tiene los permisos ni de la CNMV ni del Banco de España (BdE) y advierte que ninguno de sus proyectos de inversión ha sido revisado por ningún organismo.

Pero niega que incumplan la ley. “Inveslar cumple rigurosamente con la ley. Estamos en contacto permanente con la CNMV”, explica la empresa que está en proceso de solicitar los permisos. “Hemos atendido todos los requisitos que nos han solicitado, como por ejemplo el uso de cuentas segregadas y en estos momentos estamos esperando la autorización definitiva”, explica la compañía.

Bricks&People, otra compañía que capta dinero sin autorización de la CNMV, explica en su web que es una plataforma de crowdunding inmobiliario pero asegura que su actividad no está regulada por la CNMV.

Las empresas de crowfunding inmobiliario justifican que trabajan bajo la ley aunque no tengan permiso 

“Mientras algunas empresas tuvimos que paralizar nuestra actividad para acatar la ley, otras siguieron trabajando de forma regular y levantaron más dinero que nunca. Y no tenemos noticias de que ninguna haya sido sancionada”, explica un emprendedor que gestiona una de las veinte empresas autorizadas por el organismo regulador.

Housers, la mayor compañía del sector, explica que la legislación “tiene lagunas” y que la empresa ha trabajado en todo momento bajo el paraguas de la ley 5/2015. La compañía usa el argumento Airbnb para asegurar que no levanta capital sino que es un mero intermediario entre los promotores y los inversores.

¿Sale gratis incumplir la ley?

Hasta ahora la CNMV ha ido aprendiendo sobre la marcha de un sector que carecía de regulación. Ante un incumplimiento reiterado, ¿pueden crecer sin control de la CNMV los chiringuitos financieros? ¿Están seguros los inversores que inyectan dinero en proyectos que no han sido revisados por los órganos reguladores”.

“La ley fue creada para permitir que las start-ups tuvieran acceso a otras formas de financiación diferente a los bancos pero han surgido empresas inmobiliarias y la normativa no fue diseñada para esta actividad”, explica Fede Segura, abogado del despacho Roca Junyent que participó en los grupos de trabajo que elaboraron la normativa.

Con menos de dos años de vigencia, el gobierno ya se plantea hacer reformas a la joven normativa. Han comenzado los primeros contactos para una futura modificación. Es consciente de que algo no funciona.