Chantaje de Erimsa a la Xunta con un ERE para 60 empleados
Erimsa presiona a la Xunta para lograr nuevas concesiones mineras poniendo sobre la mesa un ERE para los 60 trabajadores de la mina de cuarzo de Frades
Explotaciones de Rocas Industriales y Minerales SA (Erimsa), uno de los líderes en la extracción de cuarzo, ha sacado la artillería contra la Xunta. Lo ha hecho en forma de un expediente de regulación temporal de empleo para los 60 trabajadores del centro de producción de Frades, en A Coruña. Como alerta la compañía, el ERE es un paso previo al cierre definitivo de la mina, que se producirá si el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo no desbloquea los expedientes en trámite y concede nuevos derechos mineros para continuar con su labor de extracción de cuarzo.
«El centro de producción de Frades se verá abocado al cierre definitivo en el caso de que continúe la actual situación», lo que «ocasionará graves perjuicios» a los «más de 60 profesionales y sus familias», cuyo trabajo depende de la actividad de la planta, advierte la firma.
Erimsa, sin reservas
En cualquier caso, el ERE no entrará en vigor el 1 de enero de 2019. El argumento que esgrime Erimsa es el «agotamiento de las reservas actuales», algo que se solventaría si la Xunta accediese a conceder a la filial de la noruega Elkem AS (integrada en la multinacional china Blue Star) nuevos derechos mineros para extraer cuarzo en Mesía, Frades, Oroso y Órdenes.
«Erimsa lamenta profundamente haber tenido que adoptar esta grave medida, que perjudica a numerosas familias del Ayuntamiento de Frades, pero la falta de materia prima hace inviable el desarrollo de su actividad con normalidad», añade en el comunicado.
Trabas de la Xunta
En su misiva, Erimsa también alerta de que el perjuicio que puede ocasionar el cierre del centro de producción de Frades es extensible a todo el sector y al conjunto de la actividad económica de Galicia, que «lidera a nivel nacional la producción de cuarzo con un 68% y alcanza el 98% de las exportaciones».
La compañía afirma que «ha cumplido estrictamente con los exigentes requisitos impuestos por las consellerías de Medio Ambiente, Medio Rural y Economía e Industria», de ahí que no entienda las «trabas impuestas desde las diferentes consellerías y la demora en la resolución de expedientes, algunos de los cuales están en trámite desde hace siete años».
También reccuerda que su «renuncia pública y expresa al derecho de expropiación, a pesar de que la legislación vigente lo permite, es otra muestra más de la voluntad de la compañía de continuar desarrollando su labor en perfecta armonía con el entorno aplicando su metodología basada en la minería moderna y sostenible».
