Cerco de Bruselas a España por extender las concesiones en la costa a 75 años
La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra España al entender que las prórrogas en las concesiones sin justificar son "contrarias" a la normativa comunitaria
La Comisión Europea abre expediente a España por las prórrogas en las concesiones de industrias asentadas en la costa. La institución que preside Ursula von der Leyen ha informado este miércoles del inicio de un procedimiento de infracción contra España por falta de transparencia en estos procedimientos al entender que las prórrogas sin la debida justificación son «contrarias» a las reglas de la Unión Europea (UE).
«La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras», ha informado el Ejecutivo comunitario. Los servicios comunitarios añaden en un comunicado que, en su opinión, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación «es contraria a las normas de la UE».
Y es que la Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar «sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes» unas «concesiones» para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas, según resume Bruselas, en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos.
Además, carga contra las prórrogas «sin procedimiento de selección alguno», algo que, a su juicio, «infringe la directiva de Servicios». Es por ello que los servicios comunitarios han enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al país infractor para poner solución a la situación.
En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase -dictamen motivado- que da unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas antes de que el Ejecutivo comunitario decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).