Caso Pescanova: Fernández de Sousa echa la culpa a la banca
En la primera jornada de juicio por la quiebra de Pescanova, la defensa de Fernández de Sousa niega que hubiese estafa, a pesar del maquillaje contable
Primera jornada de juicio en la Audiencia Nacional por la quiebra de Pescanova. La defensa del expresidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, ha solicitado la nulidad del juicio al entender que no hubo estafa (uno de los ocho delitos que se le imputan). Su argumentación se basa en que los bancos “no sufrieron perjuicio alguno” y no figuran personados como acusación. La defensa va más allá: solicita suspender el juicio, volver a la fase de instrucción e imputar a los bancos que concedieron créditos a la compañía a partir de 2010 para sanear sus cuentas. “Si los bancos devolviesen la totalidad de los intereses cobrados, habría dinero para pagar a todos los perjudicados en este juicio”, defiende el entorno de De Sousa, que sostiene que, de esta forma, los hoy acusados ya no tendrían que hacer frente al pago de una responsabilidad civil.
La estrategia del expresidente de la compalía no parece haber impactado en el resto de las partes. Durante la tarde, el fiscal anticorrupción Juan Pavia rechazó de plano esta petición ya que considera que la cúpula de la pesquera engañó a las financieras sobre su situación real. “Decir que la banca se benefició es desconocer que la compañía está acusada de delito de estafa”, manifestó.
El juicio se aborda casi siete años después de los acontecimientos que estuvieron al borde de quebrar Pescanova. La compañía gallega solicitó la entrada en preconcurso de acreedores y a punto estuvo de acabar en liquidación al descubrirse, mediante un análisis forense llevado a cabo por KPMG, que las cuentas de la multinacional estaban maquilladas y que donde había beneficios, en realidad, existía un millonario agujero patrimonial. La Fiscalía atribuye a Fernández de Sousa ocho delitos: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes (y, alternativamente, blanqueo), uso de información relevante e impedimento de actuación del organismo supervisor. Para él pide 28 años de cárcel.
«La banca no está personada en este juicio»
No obstante, en la primera jornada en la Audiencia Nacional, la defensa del histórico empresario gallego ha solicitado la nulidad del juicio. Insiste en que la acusación de insolvencia punible es sorpresiva y vulnera el derecho a la tutela judicial y, además, “no ha habido dolo”.
“No ha habido estafa a las entidades bancarias ni créditos sin devolver, ya que los bancos supuestamente perjudicados ni se han personado como acusación”, sostiene la defensa de Fernández de Sousa, que insiste en que las entidades bancarias no solo no han sido perjudicadas con la crisis de Pescanova sino que han obtenido beneficio. Por un lado, por los intereses de deuda cobrados y, por otra, porque las entidades acreedoras se hicieron con la compañía mediante la capitalización de su deuda. La defensa de De Sousa lo tiene claro: “El lucro obtenido es superior a lo que han dejado de cobrar a partir del concurso”.
Historia de una quiebra
En el año 2013 Pescanova cotizaba en Bolsa. Meses antes de destaparse la crisis, se había producido un considerable movimiento de acciones. Sin previo aviso, la firma acudió ese año al preconcurso de acreedores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender las acciones de la cotización, una situación que se mantuvo durante cuatro años, atrapando a muchos pequeños inversores.
Fue entonces cuando se descubrió que los supuestos beneficios millonarios de Pescanova no eran tal, y que la deuda contraida había ido creciendo y creciendo mientras se maquillaban las cuentas. La auditoría forensic llevada a cabo por KPMG fue un mazazo que derivó en la dimisión del propio Fernández de Sousa. Esta indicaba que el empresario y su directiva habían articulado un entramado de filiales durante años que tenía por objeto ocultar la verdadera deuda de la compañía. En ese tiempo Pescanova también habría hinchado su facturación, valiéndose de estas sociedades, para poder dimensionar su balance y obtener liquidez pidiendo más créditos. El informe forensic hablaba de facturas falsas y sociedades pantalla.
Un agujero patrimonial escondido
Posteriormente, el informe concursal, elaborado en este caso por Deloitte, indicó que en la masa pasiva de la multinacional era de 3.600 millones de euros (mientras que la declarada oficialmente en 2012 era la mitad). También reveló que donde había beneficios, en realidad, se escondía un agujero patrimonial de 1.600 millones de euros.
La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes. La productiva, por un lado, quedó en manos de la gran banca acreedora, que capitalizó su deuda millonaria y formó Nueva Pescanova. La vieja Pescanova continúa existiendo, como una sociedad cartera en manos de accionistas minoritarios y cuyo principal activo es, precisamente, su participación en la actual pesquera.
La vieja Pescanova aprovechó esta primera jornada de juicio para emitir un comunicado en la que se desvinculaba totalmente de las acciones llevadas a cabo por Fernández de Sousa y su cúpula directiva.
