Caso Pemex: extraditan a México al ‘rey del acero’
La Audiencia Nacional acuerda la extradición de Alonso Ancira, exdirector general de Altos Hornos de México, por presuntos delitos con Pemex
El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido popularmente como ‘el Rey del acero’, será extraditado al país centroamericano al ser reclamado por presuntos delitos de corrupción y blanqueo relacionados con Pemex.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado por unanimidad el recurso de súplica presentado por Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, contra el auto que acordaba su extradición a ese país. Y es que la sala ha considerado que los hechos por los que se le persigue en México también son delito en España y concurre, por ello, el principio de doble incriminación.
La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por un importe de 3,4 millones de dólares, apenas unos meses antes de que Pemex abonase un sobreprecio de 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México.
Detenido hace año y medio en Mallorca
De esta forma, Ancira se enfrentará a la justicia mexicana un año y medio después de que fuese detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado.
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Ancira entró en prisión un día después por orden del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en julio pagó una fianza de un millón de euros para abandonar la cárcel.
Blanqueo de capitales con Lozoya
El auto argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, «pagando por adelantado» para que cuando éste fuera director general de Pemex «la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos».
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Los hechos investigados encajarían en España en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, «refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación», al tiempo que descarta la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.
