Caso Ferroatlántica: Competencia desarma a la Xunta

Aunque haya fracasado la venta de las centrales, Ferroatlántica no ceja en su empeño de demostrar que la segregación de las actividades de generación hidroeléctrica y las fábricas de ferroaleaciones era posible y que, por tanto, se podrían haber llevado a cabo sus planes de inversión, que en el caso de Galicia comprometían más de 100 millones de euros.

Intentaron que la Xunta recapacitase sobre su veto por la vía administrativa. Una vez agotada, iniciaron la batalla legal con la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Pero no fue la única vía empleada por la firma propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir. También recurrieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que este viernes ha emitido su dictamen, en el que refrenda buena parta de sus argumentos.

Límites a la actividad

En respuesta al escrito presentado por Ferroatlántica el pasado 21 de diciembre contra la resolución de Augas de Galicia, la CNMC considera que la salvaguarda de un interés general consistente en el mantenimiento del empleo en la zona que utiliza la Xunta para justificar su veto “puede suponer un límite al ejercicio de la actividad económica del operador”.

Indica también que “tal motivo difícilmente se podría reconducir a alguno de los previstos en la ley”, y que, en cualquier caso, “no  bastaría con la mera invocación de dicha razón”, sino que se debería justificar “que la medida adoptada es idónea para salvaguardar la razón de interés general que se pretende proteger y, además, que es la menos restrictiva posible”.

La CNMC no cree que el mantenimiento del empleo encaje como argumento de salvaguarda del interés general

Por otra parte, Ferroatlántica denunciaba que, además de un límite al ejercicio de la actividad, la prohibición de segregar constituye una barrera de acceso, ya que impide a terceros la compra de los saltos de agua para acceder a la actividad de producción de electricidad. Y en este aspecto también le da la razón.

El último argumento que tumban es el económico. En su escrito, Ferroatlántica justificaba que en la actualidad la situación se ha invertido y el negocio de las ferroaleaciones es más rentable que el de los saltos hidroeléctricos –al contrario de lo que sucedía cuando se otorgó la concesión–, y también que las centrales ya no abastecen directamente a las fábricas, un hecho que, de ser así, condicionaría la interrumpibilidad, que es otro de los factores que garantizan la viabilidad de las factorías.

A este respecto, la CNMC señala que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado recoge que “en ningún caso” se supeditará el acceso a una actividad de servicios al cumplimiento de requisitos de naturaleza económica o que no guarde relación con el ejercicio de la actividad.

Respuesta de la Xunta

Economía Digital intentó obtener una valoración de la Xunta en relación a este dictamen. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico aseguraron no haberlo recibido «por los cauces oficiales» y prefirieron guardar silencio. Lo único que apuntaron, a la vista de las informaciones publicadas al respecto, es que creen que la respuesta de la CNMC «critica la argumentación, pero no el sentido del fallo», que sigue siendo contrario a la segregación. Al menos hasta que la Justicia diga lo contrario.