Caso Alu Ibérica: la UDEF pone el foco en otro empresario salpicado por el vaciado de empresas

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) amplía el abanico de implicados en el presunto vaciado de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés. Un oficio del cuerpo dependiente de la Policía Nacional apunta a Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro como “implicado” en los hechos por su presencia en el despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP y en la sociedad Viña y Sentido en un periodo en el que su administrador único, Francisco Alarcón, habría participado, presuntamente, en operaciones con criptomonedas para descapitalizar las factorías.

Sobre este último «constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas», según recoge el escrito de la UDEF que fue adelantado por El Periódico de España. Además, sobre Alarcón pesa también una averiguación de domicilio y paradero emitida por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina en 2017, apenas un año después de hacerse con las riendas de Restarco en medio de una guerra entre socios por una presunta «despatrimonialización» como la que la jueza María Tardón investiga en Alu Ibérica.

«Exclusión» de socios

El choque llegó ante la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de dos de los socios de la compañía que pedían una administración judicial como la que ahora impera en Alu Ibérica para evitar que el administrador adoptase decisiones que fuesen «lesivas» para una sociedad que finalmente acabó entrando en liquidación bajo el mando de Alarcón.

El empresario asumió las riendas de la sociedad en agosto de 2016, tan solo seis meses después de que el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid estimase parcialmente las medidas cautelares solicitadas por una de los dos socios de Restarco, sociedad que llegó a contar con más de 30 empleados en plantilla.

Los socios demandantes impugnaron los acuerdos de la junta de accionistas de la sociedad mediante los cuales Restarco llevó a cabo una operación acordeón. En concreto, la firma llevó en agosto de 2015 una reducción de capital de 99.025 a 6.170 euros para, posteriormente, ejecutar una ampliación hasta los 100.000 euros.

Este movimiento fue rechazado por socios minoritarios de la sociedad, que entendían que este movimiento conllevaría su exclusión de la sociedad «a menos que (…) se vieran forzados a suscribir y desembolsar la ampliación de capital», según recoge la sentencia de la sección vigésimo octava de la Audiencia Provincial de julio de 2017.

Creación de una empresa rival

En este sentido, uno de los socios denunciaba que esta operativa dejaba a Restarco «al albur del administrador o del socio mayoritario, el cual podría desarrollar su actuación de modo incontrolado durante el tiempo que dure el proceso, con posible ocultación de bienes, o distracción de ingresos de Restarco SL, en su mayoría realizados en efectivo, por desarrollar un negocio de restauración», motivo por el cual reclamaban la administración judicial de la sociedad.

Además, los denunciantes alegaban que el administrador único de la sociedad habría participado en esta ampliación de capital «con detracción de numerario de la propia sociedad, por la cantidad de 186.000 euros» que el juez no da por probada, al tiempo que ponía en marcha la sociedad Habrá Bares SL (se constituyó en agosto de 2016). Tal y como recoge la sentencia, los socios apuntaban que esta contaba con «el mismo objeto social que Restarco», lo que, a su juicio, «implica un acto de competencia desleal y de falta de lealtad del administrador».

Precisamente a esta sociedad de nueva creación también accedería posteriormente Francisco Alarcón. El empresario ahora señalado por la UDEF por operaciones con criptomonedas para, presuntamente, vaciar Alu Ibérica, se convirtió en su administrador único de Habrá Bares SL en mayo de 2017, tan solo dos meses después de ser cesado de Restarco ante su entrada en concurso por el impago reiterado a acreedores.