Caso Alu Ibérica: la jueza desconoce “la titularidad real” de las plantas

“Puede ser el principio del fin”. Son las palabras del presidente del comité de empresa de la antigua factoría de Alcoa, ahora Alu Ibérica, en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, a respecto del operativo de investigación policial acometido este jueves en cinco provincias distintas y que, entre otras dependencias, registró tanto la planta herculina de la compañía como la que tiene en Avilés. El origen de este inusual dispositivo, en el que han participado más de un centenar de funcionarios policiales, la mayoría de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, parte de una solicitud de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. La magistrada demandó la intervención de la UDEF para poder arrojar luz sobre cuestiones tales como la identidad de los propietarios de las alumineras.

El pasado diciembre, Tardón emitió un auto en el que admitía a trámite una querella impulsada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de 10 personas físicas y nueve entidades jurídicas en relación al proceso de venta de las plantas de aluminio de Alcoa en Avilés y A Coruña en el año 2019, después de haber anunciado su cierre. Los de Pittsburgh, finalmente, y en un procedimiento que contó con la tutela del propio Ministerio de Industria, traspasaron ambas factorías al fondo suizo Parter, con el compromiso de este de mantener actividad industrial y plantilla durante, como mínimo, dos años (en los que había de desarrollar un plan de empresa que garantizase el futuro de las plantas). El gigante americano aportaría en ese tiempo cerca de 100 millones de euros para asegurar el mantenimiento de ambos activos, si bien los nuevos dueños también tendrían que invertir para dotar de mayor competitividad ambas industrias. No obstante, a los pocos meses (y, según Alcoa, sin su conocimiento) Parter vendió la mayoría accionarial de la empresa a Grupo Industrial Riesgo, un entramado societario que pronto despertó el recelo tanto de las plantillas como de las administraciones públicas.

Dos empresas en manos de “empresas pantalla”

La querella sindical, que se dirige, además de contra las sociedades de Alu Ibérica que gestionan las plantas de coruñesa y asturiana, contra Alcoa Inespal y Parter Capital Group, acusa a los demandados de delitos de apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Todo dentro del marco de ese proceso de venta que consideran «fraudulento».

Y es que los sindicatos querellantes tienen claro que, a través de un proceso de venta en el que no se habría cumplido con lo acordado, las dos factorías, con más de 600 empleados, habrían terminado “en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo”. En esencia, lo que argumentan es que Alcoa realizó un proceso de puja en el que era indispensable la solvencia del futuro dueño y acabaron en manos de un conglomerado ‘opaco’ y sin capacidad para sostener las sociedades.

Precisamente, la opacidad de Grupo Industrial Riesgo es uno de los factores que despertó los recelos de las plantillas desde que se produjo su entrada en las plantas. Algo que queda reflejado en el propio auto de la jueza Tardón, que en diciembre ya avanzaba que requeriría la colaboración de la UDEF para dirimir sobre cuestiones tales como la propia titularidad de las compañías.

Colaboración de la UDEF para arrojar luz

En el auto que admite a trámite la querella, la jueza indica que “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la misma respecto de algunos elementos que resultan esenciales para una más precisa determinación de las conductas punibles, como la titularidad real de las dos factorías de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera, y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia”, así como los sucesivos cambios que se produjeron en las sociedades, “se hace preciso recabar la incorporación de tales informaciones solicitando que por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal se realice una investigación integral” sobre las personas físicas y jurídicas sobre las que se dirige la querella.

Según los datos del Registro Mercantil, la planta de Alu Ibérica en A Coruña tiene como administrador único a la sociedad System Capital Management, recientemente rebautizada como Iberian Green Aluminium Company, constituida hace un año y con un capital social que, según denuncian los sindicatos, “no alcanza para ser el vehículo de una empresa de esta envergadura”.

Tres detenidos

De momento, las investigaciones de la UDEF se han saldado con tres detenidos: dos en Madrid y uno en Málaga. Sus identidades no han trascendido, si bien fuentes de Alcoa descartan que sea nadie relacionado con su empresa. Está previsto que la jueza Tardón, que ya ha declarado el secreto de sumario, les tome declaración este viernes.

Este jueves, trabajadores de la plantilla de Alu Ibérica en A Coruña reconocían que «llevaban meses esperando este momento«. La pugna de la plantilla con Grupo Industrial Riesgo, al que acusan de estar demantelando la fábrica, es ardua. Esta misma semana, un juzgado coruñés condenó a Alu Ibérica por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores. Según indican los empleados, en el marco de la operación policial, que se alargó cerca de ocho horas, tanto efectivos de la UDEF como de Inspección de Trabajo analizaron documentación, ordenadores y se entrevistaron con numerosos cargos intermedios y plantilla. Los empleados aplaudieron la llegada y salida de los funcionarios policiales.

A la espera del Ministerio de Industria

Al acabar la jornada, los empleados de la antigua Alcoa en A Coruña manifestaban su esperanza sobre el proceso judicial abierto, pero también insistían en la necesidad de que el Ministerio de Industria mueva ficha para conseguir una solución que evite la parada de las plantas. En muchas ocasiones han solicitado la intervención estatal de ambas plantas.

El departamento de Reyes Maroto aún no ha convocado la Mesa de Alu Ibérica, como le demanda la Xunta de Galicia y los sindicatos. Por el momento, tan solo ha trasladado que espera que esta investigación «ayude a asegurar la viabilidad de la empresa«.