Caso Alu Ibérica: el descuido del Grupo Riesgo que pone a su abogado bajo el foco de la UDEF

Víctor Rubén Domench (alias David), Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris. Son los nombres de los cuatro directivos del Grupo Industrial Riesgo que fueron detenidos el pasado mes de marzo tras los registros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a las plantas de Avilés y A Coruña y a casi una decena de despachos de empresas asociadas.

A estos cuatro nombres propios, la UDEF incorpora ahora otros como el de Francisco Alarcón o Javier Fernández de Bobadilla por su presunta implicación en el vaciado de Alu Ibérica. Precisamente este último, abogado de profesión, figuró como apoderado de Viña y Sentido SL. Se trata de la sociedad a la que, según los investigadores de la UDEF, fueron a parar un total de 23 facturas por importe de 565.976 euros bajo conceptos como pago blockchain cripto o abono facturas BC, unos movimientos que ahora se encuentran bajo la lupa ante los indicios de una posible «despatrimonialización».

El papel de Ackermann & Schwartz

Pero además de la vinculación con esta sociedad, los investigadores estrechan el cerco sobre Fernández de Bobadilla por su papel al frente de Ackermann & Schwartz Attorneys At Law Slp. El bufete de abogados fue creado en septiembre de 2019, apenas siete meses de que se anunciase la compra de Alu Ibérica por parte del Grupo Industrial Riesgo, y se embolsó 1,1 millones de euros a través de un reguero de facturas realizadas por las factorías de A Coruña y Avilés.

Estos pagos sitúan a Fernández de Bobadilla como una pieza clave en el caso Alu Ibérica, pese a que el abogado no figura directamente como apoderado ni como administrador de ninguna de la decena de sociedades que integran el Grupo Industrial Riesgo y que, presuntamente, habrían llevado a cabo la despatrimonialización de las antiguas plantas de Alcoa.

Sin embargo, el Grupo Industrial Riesgo sí evidencia su vinculación estrecha con el abogado a través de su página web. El grupo que capitanea Víctor Rubén Domenech presenta en su página web a Fernández de Bobadilla, aunque lo hace bajo el nombre de Javier Fernández y con una fotografía realizada años atrás. El abogado figura como uno de los responsables del sector «legal, administrativo y RRHH» y ensalza sus «más de 13 años de experiencia en el sector administrativo empresarial y jurídica».

La fotografía de Javier Fernández contrasta con el aspecto actual del que da cuenta en la página web de Ackermann & Schwartz, un movimiento seguido, según todo parece indicar, para desligar al abogado de la gestión del Grupo Industrial Riesgo.

Los vínculos del bufete con el Grupo Industrial Riesgo

El nombre de Ackermann & Schwartz saltó a escena en la primavera del año pasado después de que el Grupo Industrial Riesgo anunciase que el bufete le había prestado servicios de asesoramiento legal en el proceso de compra de Alu Ibérica al fondo Parter Capital.

El despacho de abogados, que tiene el mismo domicilio que Grupo Industrial Riesgo en la calle José Abascal de Madrid, también le prestó asesoramiento legal a finales del año pasado en su puja por la empresa de correo postal Organización Coordinadora Argentina (Oca). La empresa argentina salió a subasta tasada en unos 31 millones de euros, si bien Clear se acabó imponiendo en este proceso de liquidación y la adquirió por 25,3 millones de dólares (unos 21 millones de euros).

Ackermann & Schwartz también pilotó el proceso de creación del primer mercado de metales y futuros en Argentina, país de origen de Víctor Rubén Domenech. El bufete fue el encargado de llegar a acuerdos con inversores europeos para lanzar este mercado que opera bajo la sigla MMARG.