Caso Alfageme: de capricho de Caixanova a morosa de Hacienda

Los exdirectivos de Caixanova vuelven a cruzar el umbral de la Audiencia Nacional. El expresidente de la caja gallega, Julio Fernández Gayoso, el exdirector general José Luis Pego, y Gregorio Gorriarán, responsable de la división inmobiliaria, están llamados a declarar por el magistrado José de la Mata en calidad de investigados por el quebranto que causaron a la entidad, cifrado en unos 80 millones de euros, unas operaciones financieras destinadas presuntamente a favorecer a los accionistas de la conservera Bernardo Alfageme.

La antigua cúpula de la entidad, entre los que también se incluyen el exsubdirector general, Domingo González Mera, y José Benito Parente, director general de la oficina principal, se sienta nuevamente en el banquillo por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a sus integrantes los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales.

Los hechos se remontan a la etapa del bipartito, en la que los directivos concedieron a la promotora Promalar, controlada por la familia Lago, 135 millones de euros en créditos para hacerse con la conservera Bernardo Alfageme, en la que tenían intereses Guillermo Alonso (ya fallecido) y Fernando García, expresidente y exconsejero de la caja gallega, respectivamente.

Concurso y liquidación

Estas operaciones no beneficiaron a la sociedad, que apenas cinco años después de hacerse con una de las mayores empresas del sector, presentó en la primavera de 2011 el mayor concurso hasta la fecha en Galicia, con más de 200 millones de euros en deudas, de los cuales cerca de la mitad correspondían a Novagalicia Banco, la entidad resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. En 2012, la justicia declaró el concurso culpable. Los administradores de Promalar fueron inhabilitados 5 años y condenados a devolver los 11,8 millones a los acreedores de la conservera.

Los administradores de Promalar tuvieron que indemnizar con 11,8 millones a los acreedores por vaciar la conservera

Pero Promalar y Novagalicia no fueron las únicas que perdieron en esta operación. Otra de las grandes damnificadas fue la Xunta de Galicia, que tuvo que abonar 32,8 millones por los avales que había presentado a través del Igape. No obstante, en 2012, tras la liquidación de Promalar, la administración gallega pudo recuperar una parte. Descontó de esa cantidad los 780.000 euros por los que se adjudicó las plantas de la conservera en Vilaxoán y Ribadumia y la histórica marca Miau, así como el millón que pagó por una concesión administrativa que la compañía tenía en Beiramar.

El repertorio de deudas con las administraciones no acaba ahí, ya que el Ministerio de Hacienda también figura entre los acreedores de la conservera Bernardo Alfageme. De hecho, el departamento que dirige Cristóbal Montoro incluye a la firma gallega en su lista de morosos, con un pasivo de 1.592.565 euros.

Nuevas causas

Los antiguos directivos de Caixanova siguen, pues, acumulando causas en la Audiencia Nacional, que ya les condenó a dos años de cárcel por las indemnizaciones millonarias que cobraron tras la fusión y que también les sentó en el banquillo por una operación financiera con Copasa vinculada a una operación inmobiliaria en Madrid. Está por ver si esta nueva investigación aumenta las penas que pesan sobre ellos y les complica su ansiada libertad.