Casi 1.000 millones en fianzas por el ‘caso Pescanova’

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula de Pescanova, la multinacional pesquera que entró en concurso de acreedores en 2013, desencadenando un proceso judicial que salpicó a su directiva, procesada por falsear los números de la compañía. El principal damnificado es el expresidente, Manuel Fernández de Sousa, que se enfrenta a 31 años de prisión por nueve delitos, entre los que se encuentran, falsedad documental, estafa a inversores, alzamiento de bienes y falseamiento de cuentas. También han sido procesados su mujer, su hijo mayor y su hermano Fernando Fernández de Sousa, ex directivo de Pescanova. Los dos últimos afrontan penas de 10 años de prisión, mientras que para Rosario Andrade piden seis años.

En el proceso judicial, la Audiencia Nacional establece fianzas por valor de más de 950 millones, repartidos entre los administradores de la vieja Pescanova y la propia empresa en concepto de responsabilidad civil. La empresa, ahora apartada del brazo productivo que controla la banca acreedora bajo el nombre de Nueva Pescanova, ha comunicado a la CNMV que, de ejecutarse dichas fianzas, “podría provocar una situación de insolvencia temporal con gravísimo e injustificado perjuicio de 9.000 accionistas, quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital de la sociedad”.

La vieja Pescanova explica que, como consecuencia de los hechos atribuidos a sus administradores, se le exige una fianza “de 348,2 millones de euros, para responder de las multas cuya imposición a la compañía se ha solicitado por las acusaciones en el procedimiento, así como otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil consecuencia de estos actos”.