El Supremo tumba el recurso de PSA y le obliga a pagar 30 millones por el cártel del automóvil
Naufraga la ofensiva de Stellantis (PSA) para esquivar la sanción de Competencia por intercambiar información confidencial con los principales fabricantes y controlar el mercado, conducta que provocó la mayor multa jamás impuesta por el superregulador
El Supremo desestima el recurso presentado por Stellantis para esquivar una multa de más de 30 millones de Competencia por formar cártel con otros fabricantes
El Tribunal Supremo ha puesto fin a la tentativa de Stellantis (PSA) de librarse de una sanción de 30,5 millones por formar un cártel junto a los principales fabricantes de automóviles del mercado español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia concluyó en 2015 que la antigua PSA, Ford, Mercedes, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una quincena de empresas más intercambiaron información confidencial de manera continuada para controlar el mercado de la distribución de vehículos, así como de servicios posventa de reparación, mantenimiento y recambio de piezas.
El superregulador impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 171 millones repartidos entre 23 empresas, encajando el grupo con fábrica en Vigo la sanción más elevada, 30,5 millones. De hecho, la penalización para Stellantis es todavía mayor si se tiene en cuenta que General Motors (Opel), engullida por el fabricante francés en 2017, recibió la segunda mayor multa, 22,8 millones.
El proceso judicial que afecta a Opel todavía continúa su curso, pero el de PSA llegó a su fin recientemente, en una sentencia del pasado 20 de abril de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que desestima sus alegaciones y confirma la millonaria sanción.
El Supremo avala la sanción de Competencia
El fallo, al que ha tenido acceso este medio, argumenta que Competencia reunió “elementos probatorios e indiciarios suficientes de que, mediante una conducta coordinada entre empresas competidoras, se ha producido tal intercambio bajo unas exigencias de reciprocidad entre las empresas partícipes, con el objeto de sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas, disminuyendo la incertidumbre sobre elementos clave de sus políticas comerciales y con aptitud para determinar su comportamiento en el mercado”.
“La regularidad y estabilidad de las reuniones, la organización y convocatoria de las mismas, en una primera fase por los partícipes, mediante consultoras en conocimiento acreditado por parte de la alta dirección de las empresas, son todos elementos que, tomados en su conjunto, confirman la calificación de la conducta como infracción muy grave constitutiva de cártel”, añade.
Coronavirus, crisis de los microchips y, ahora, las multas
La posición del Tribunal Supremo anticipa resoluciones similares para los fabricantes implicados en el cártel y que no hayan conseguido zafarse en la Audiencia Nacional de las multas, como si logró, por ejemplo, Mazda Automóviles España. Las sanciones más relevantes, sin embargo, fueron ratificadas por la Audiencia Nacional y están pendientes del Supremo. Así sucede con:
Volvo (1,7 millones)
Kia (2 millones)
Mercedes (2,3 millones)
Nissan (3,1 millones)
Hyundai (4,4 millones)
Fiat Chrysler (6,9 millones)
BMW (8 millones)
Toyota (8,6 millones)
Renault Comercial (18,2 millones)
Ford España (20,2 millones)
General Motors (22,8 millones)
PSA, que como el resto de fabricantes alegaba que la información intercambiada no se refería a precios, ha visto confirmadas las multas de 14,7 millones y 15,7 millones impuestas a Automóviles Citröen España y Peugeot España, justamente cuando el sector atraviesa un fuerte parón por la falta de suministro de microchips, que se suma a la caída de producción del año pasado a causa de la pandemia.
