Carmen Cafranga, una empresaria protegida por el PP

Cuando hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le ha pedido a Carmen Cafranga, que dimitiera como presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, por su presunta implicación en el escándalo de las tarjetas de crédito B de la entidad financiera entre 2003 y 2012, lo hacía con una persona a la que conoce muy bien a través de su mujer, Lourdes Cavero. Ambas son socias desde hace 14 años de Subastas Segre.

Al margen de esos supuestos 175.200 euros gastados con su ‘tarjeta fantasma’, Cafranga es una de esas personas por las que González había puesto la mano en el fuego en más de una ocasión.

Subvenciones y actividad ilegal

Como cuando hace cinco años fue acusada de recibir millonarias subvenciones a través de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, o más recientemente, a finales del pasado año, maniobró para que el Ejecutivo que preside articulara una norma que legalizara algunas actividades ilegales que estaba llevando a cabo bajo el paraguas de la Fundación, pero muy alejadas del fin social que esta acomete desde 1990.

La ex jugadora profesional de bridge y Lourdes Cavero montaron Subastas Segre dos meses antes de José María Aznar lograra la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo de 2000. Una empresa, dedicada a comercializar obras de arte, joyas y antigüedades, que aprovechó aquellos años de bonanza para obtener unos buenos beneficios.

Fundación Carmen Pardo Valcarce

Para entonces, Cafranga llevaba ya una década como responsable de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, dedicada a la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad. Pero no solo.

En 2002, amplió su campo de acción a la cooperación internacional, especialmente en el terreno de la formación de líderes sociales en Latinoamérica, convirtiéndose en una de las entidades sin ánimo de lucro que más dinero recibía de la Comunidad de Madrid para cooperación internacional.

Bodas y banquetes en La Muñoza

Otra de estas actividades ligadas a la Fundación pero sin ninguna relación directa con sus objetivos ha sido objeto de polémica hasta hace unos meses.

En 2005, Carmen Cafranga Cavestany, en representación de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, solicitó autorización para instalar una carpa en la finca La Muñoza, propiedad de la Fundación, con el objeto de realizar “actividades formativas y prácticas educativas orientadas a la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual consistente en la formación de personal en las vertientes de hostelería y jardinería”. 

Todo de lo más normal, hasta que se tuvo constancia de que la actividad que siempre se había llevado a cabo allí era la celebración de eventos –bodas y banquetes de alto copete– a pesar de que este uso no estaba autorizado por la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM).

El capote de Ignacio González

Por esta razón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de abril de 2013, anulaba las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Madrid. En base a esta sentencia la Fundación debería haber cesado su actividad y tendría que haber desmontado la carpa y demolido las construcciones asociadas. Pero no lo hizo.

Y a finales de 2013, fue el propio gobierno regional, presidido por Ignacio González, el que introducía una enmienda de última hora en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con una enmienda de última hora para modificar la ley y legalizar la actividad lucrativa de la socia de su mujer en Subastas Segre. Lo hacía bajo el eufemismo de poder celebrar en el espacio protegido de La Muñoza “actos sociales y eventos familiares de especial singularidad”.