Calvo salva en el Supremo 8 millones en subvenciones del Gobierno
Fracasa el recurso del Ministerio de Agricultura contra la conservera, a quien ordenó devolver 8 en subvenciones concedidas para pescar en las Seychelles
La conservera gallega Calvo arranca con una victoria la fase final de su litigio con Aduanas por las importaciones de atún de El Salvador, un procedimiento para el que tenía provisionados 20 millones y en el que llegó a hipotecar su marca. El conflicto, que ha llegado ya al Tribunal Supremo, orbita sobre las importaciones de pescado acogidas al llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.
El Supremo decidirá próximamente si las importaciones de atún de Calvo en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 podían acogerse a este sistema, mientras que ya se ha pronunciado sobre una de las derivadas de esta misma causa: las subvenciones concedidas al grupo conservero por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Sala de lo Contencioso, en sentencia del pasado 13 de marzo, ha dado la razón a la compañía gallega, desestimando los argumentos de la Abogacía del Estado para que Calvo devolviera 8 millones en ayudas.
El Supremo ratifica así una sentencia previa de la Audiencia Nacional de octubre de 2015, que anuló la orden de reintegro de subvenciones cursada por el Ministerio. De hecho, el dinero trazó un camino de ida y vuelta. Calvo tuvo que devolver 5,1 millones de una subvención otorgada a su filial Calvopesca para constituir la sociedad mixta Calvo Pesca Indico en la República de las Seychelles, además de abonar 2,9 millones por intereses de demora. El Ministerio de Pesca acabaría devolviéndole los 8 millones tras el fallo de la Audiencia Nacional, un dinero que ahora se quedará definitivamente en las arcas de la conservera.
Doble abanderamiento de buques
El motivo del conflicto radica en la actividad de los buques Montealegre y Montelape, que fueron objeto de una investigación por parte de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) que desencadenaría la actual batalla con Aduanas. La OLAF entendía que los pesqueros tenían un doble abanderamiento en Seychelles y El Salvador, por lo que debían ser considerados buques apátridas y quedar fuera de las ventajas arancelarias del Sistema de Preferencias Generalizadas. Al final de su informe, apuntaba a que se había producido un falseamiento de las condiciones de la subvención, que se entregó para operar desde las Seychelles en el océano Índico y no desde El Salvador en el Pacífico.
En base a esta investigación, el Ministerio de Pesca ordenó el reintegro de las ayudas, pero lo hizo tarde. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron que “la acción de la Administración para exigir el reintegro de la subvención ha prescrito”.
Ataques de las ONG
Según explicó Calvo en los tribunales, lo que sucedió fue que, después de constituir la sociedad y comenzar con las capturas, se produjeron “una serie de ataques ilícitos de ONG que impiden la venta de capturas en el Océano Índico», problema que expuso a los gobiernos de España y de Seychelles, planteando a la Administración española la posibilidad de trasladar los buques a los caladeros peruanos.
Según el fallo, la Administración española habría autorizado el traslado a otra zona de pesca de los buques y también conocía que Calvo subarrendó a su filial de El Salvador los pequeros para poder operar en el océano Pacífico. No fue hasta años después, con la investigación de la OLAF como referente, cuando el Ministerio de Pesca reclama el reintegro de las subvenciones, a juicio de los tribunales, demasiado tarde.
