Calvo lleva su guerra con Aduanas hasta el Supremo

El dilatado conflicto que mantiene el grupo conservero Calvo con la Dependencia Provincial de Aduanas de A Coruña y la Agencia Tributaria ha acabado en el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso presentado por la compañía gallega con el objetivo de librarse de las liquidaciones de impuestos por sus importaciones de El Salvador, una cuantía total de 9,72 millones.

El conflicto por el atún en conserva y los lomos de atún importados desde El Salvador, donde el grupo tiene una importante planta de procesado, arranca en 2009 y disparó todas las alarmas en la compañía, que en su momento hipotecó la marca para hacer frente a las reclamaciones. Superado el trance más amargo, pues los tribunales decidieron que la compañía no había actuado de manera fraudulenta ni con abuso a las normas en una investigación que inició la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude), Calvo se enfrascó en una serie de litigios con suerte dispar.

Calvo: La compañía llegó a hipotecar su marca para hacer frente a las reclamaciones

El que llega ahora al Supremo recurre en casación una sentencia de la Audiencia Nacional que, al igual que sucedió previamente con el TEAC, rechazó los argumentos de la compañía sobre las tasas a sus importaciones en los ejercicios 2007 y 2008. La conservera consiguió que Hacienda admitiera la deducción del IVA soportado en ese mismo periodo, pero no librarse de las liquidaciones en base a los derechos arancelarios.

Un sistema de ventajas fiscales mal aplicado

El origen del litigo está en que Calvo se acogió al llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.

La investigación de la OLAF de 2009, que destapó en exclusiva este medio, desveló que “cantidades significativas del atún exportado por Calvo Conservas el Salvador” e “importado por Calvo Conservas y Calvo Distribución”, las dos sociedades con domicilio en Carballo (A Coruña), no podían acogerse a dichos beneficios fiscales.

El asunto fue de lo más delicado para Calvo, que además de hipotecar su marca, llegó a plantearse el futuro de su planta de El Salvador si no se aplicaban ventajas fiscales, algo que ahora parece agua pasada, pues el grupo retomó las inversiones en el país latinoamericano.

El Supremo evaluará la actuación de la OLAF y Aduanas

Del embrollo judicial quedaron varios litigios pendientes. En un auto fechado el 15 de enero de este año, el Supremo admite el recurso de casación de Calvo Conservas por uno de ellos, con 9,72 millones en juego.

El tribunal insta a la sección segunda a dilucidar si la investigación de la OLAF, al no contar con la empresa gallega, “se opone al derecho a una buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y vulneran, en particular, el derecho a la defensa”. Del mismo modo, pide esclarecer si el procedimiento utilizado por la Administración Tributaria para la recuperación de las deducciones fiscales fue el adecuado.