Calvo lleva al Constitucional las reclamaciones millonarias de Aduanas
La conservera presenta un recurso de amparo ante el Constitucional en un litigio que la obligó a hipotecar su marca y provisionar más de 20 millones
La conservera Calvo quema sus últimas balas para evitar un pago millonario a Hacienda por sus importaciones de atún de El Salvador. En un litigio que se prolonga desde hace casi una década, la compañía que capitanea Mané Calvo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que el Supremo desestimase sus argumentos, incluido un incidente de nulidad que el Alto Tribunal rechazó el 17 de septiembre de este año.
La compañía ha confirmado la presentación de este nuevo recurso, que afecta, al menos, a 9,7 millones de los cerca de 20 que llegó a reclamar la Agencia Tributaria por las tasas impagadas de las importaciones de atún realizadas por el grupo en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Desde el año pasado, la conservera mantiene provisionados 20,1 millones para hacer frente a los posibles quebrantos.
Reclamación de 9,7 millones
Las sociedades afectadas son Calvo Conservas, que afrontaba las reclamaciones más importantes y que ya ha recurrido al Constitucional, y Calvopesca. El litigio intenta determinar si el grupo se acogió de manera irregular a exenciones fiscales al utilizar el llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial al mercado comunitario de productos originarios de países en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.
Una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que Calvo intentó anular alegando indefensión, apuntó que las capturas fueron realizadas por dos buques con doble abanderamiento, el Montelape y el Montealegre, por lo que deben ser considerados apátridas. En consecuencia, las conservas no podrían considerarse propias de El Salvador ni acogerse a las ventajas fiscales.
La empresa con base en Carballo (A Coruña) vuelve a insistir ahora en la indefensión y en que se han vulnerado sus derechos fundamentales. El incidente de nulidad que rechazó el Supremo en septiembre, un recurso que acostumbra a preceder a la vía del Constitucional, da una pista sobre la postura de la conservera, que alegó que el tribunal había infringido los principios de contradicción y congruencia procesal, provocando la situación de indefensión. La sentencia recurrida obliga a Calvo a abonar 9,7 millones a Hacienda.
Las victorias de Calvo frente a Hacienda
A lo largo del prolongado litigio, que también pasó por la Audiencia Nacional, el grupo gallego puso en cuestión la investigación de la OLAF, así como el procedimiento utilizado por la Agencia Tributaria para reclamar el reintegro de las deducciones fiscales presunatamente irregulares. En todo el proceso, la compañía se mostró convencida de que se había vulnerado su derecho de defensa, alegando como motivo que la Dirección General de Aduanas inició un procedimiento paralelo en Europa al de los tribunales españoles, provocando la indefensión.
Los casi 10 millones que llegan ahora al Constitucional es una factura rebajada respecto a lo que llegó a jugarse Calvo, que incluso hipotecó su marca para hacer frente a un litigio que en su momento se elevaba a cerca de 30 millones. En esta cuantía se incluía la reclamación del Ministerio de Pesca para que la compañía reintegrase 8 millones por las ayudas concedidas a la sociedad Calvopesca para pescar en la República de las Seychelles. Basándose en la investigación de la OLAF, la Abogacía del Estado consideró que los buques tenían doble abanderamiento, en Seychelles y El Salvador, por lo que se producía un falseamiento de las condiciones para la subvención otorgada, 5,1 millones –el resto de la reclamación correspondían a intereses de demora–.
La Audiencia Nacional falló a favor de la conservera en lo tocante a las ayudas, anuló cuatro de las liquidaciones y concluyó que la empresa había actuado sin mala fe. Del conflicto por las importaciones de El Salvador, donde Calvo tiene una planta de procesado, quedan pendientes de resolver al menos los 9,7 millones sobre los que se pronunciará el Tribunal Constitucional, la última bala que tenía en la recámara la compañía.
