Caamaño, la proveedora de Inditex, prepara un segundo ERTE

La intención de la histórica proveedora de Inditex, con sede en Culleredo, es la de aplicar otro expediente de empleo pasado el estado de alarma

Kimak, filial coruñesa de Kider, antiguo negocio de Caamaño

El antiguo grupo Caamaño participó en la reforma de una de las tiendas estrella de Zara en Roma. Foto de archivo: EFE

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Caamaño, la histórica proveedora de Inditex ubicada en Culleredo (A Coruña) prepara un segundo ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para su plantilla. La intención es ponerlo en marcha una vez acabe el estado de alarma. Así lo ha confirmado, a preguntas de este medio, la compañía, cuya mayoría accionarial está en manos del conglomerado vasco Kider desde mediados del pasado año

Como ya informó Economía Digital, la empresa de montaje de estructuras activó el pasado 18 de marzo un primer ajuste de empleo, en este caso acogiéndose a la nueva categoría de ERTE de “causa de fuerza mayor”. Se trata de una figura impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para aplicar mientras dure el estado de alarma y que conlleva una serie de ventajas para los empleados afectados, como el hecho de no necesitar un tiempo mínimo de cotización para poder optar al paro y no gastar los meses de subsidio acumulado.

Un ERTE por causas económicas

Por el momento, y si bien Caamaño confirma su intención de aplicar un segundo ERTE, la compañía no especifica a este medio más información en relación con a cuántas personas afectará ni por cuánto tiempo se extenderá. Conformado por seis sociedades (Hydracorte, Caamaño Sistemas Metálicos, Metalvedro, Neograf, Metales y Muebles Especiales y Syca), los últimos datos conocidos del grupo cifraban en 700 el número de trabajadores directos en Culleredo, a los que se suman otros 1.750 indirectos.

Esta semana, la firma remitió a sus trabajadores una misiva en la que indica su intención de iniciar un ERTE por causas «económicas, organizativas y productivas», es decir un expediente de regulación temporal de carácter ordinario. No obstante, en los últimos días se ha conocido que el Ministerio de Trabajo de la gallega Yolanda Díaz estudia una serie de medidas de desescalada también para los ERTEs, de forma que los expedientes de fuerza mayor podrían prorrogarse en algunos sectores más allá del estado de alarma. 

Los números de Caamaño

Los números de Caamaño siempre han sido una incógnita, ya que el grupo está conformado por distintas sociedades no consolidadas a efectos fiscales. No obstante, el pasado año, la compañía remitió a la Xunta de Galicia un proyecto para ampliar sus instalaciones en Culleredo. El mismo indicaba que en 2018 la facturación se situó en los 141,2 millones de euros con un margen ebitda del 18% (unos 25 millones de euros). De esta cifra se quedan al margen sus filiales fuera de España (Rusia, República Checa, Asia, Estados Unidos y Oceanía), con las que factura más de 60 millones adicionales.

A pesar de su fortaleza, el grupo podría estar viéndose afectado, entre otras cuestiones, por el hecho de que su gran cliente, Inditex, mantiene gran parte de sus tiendas cerradas (3.785 tiendas de 39 mercados a datos de marzo), siendo Caamaño encargado del montaje y escaparatismo de muchas de ellas. 

Las relaciones con su proveedora de referencia son buenas, no obstante. Hace unas semanas, Caamaño Asia, sociedad que forma parte del grupo pero cuya mayoría, en este caso, está en manos de los anteriores accionistas mayoritarios, el empresario José Caamaño y la familia Mahía, realizaron una donación al Sergas y los cuerpos de seguridad coruñeses de 250.000 mascarillas que vinieron a España a través de la logística de Inditex.

Los otros ERTES ‘dobles’

Caamaño no es la única empresa que prepara ya un ERTE ordinario pensando en la salida del estado de alarma (que no implicará una reactivación económica inmediata). La dirección de la planta de PSA Citröen en Vigo también trasladó a los sindicatos recientemente su intención de aplicar un expediente de regulación temporal por razones organizativas y de producción que tendría una duración de 90 días y que se aplicaría una vez que se reanude la actividad de la fábrica y deje de estar en vigor el estado de alarma.

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