Caamaño crea escuela: otro proveedor de Inditex frena en los tribunales la orden de demolición de su planta
Grupo Ramón García, empresa de contract con clientes como Zara, Bimba y Lola, Mercadona o Ritz-Carlton, logra frenar en los tribunales el derribo de su planta en Mesía mientras trata de legalizarla
Carpintería Ramón García en Mesía / Google Maps
El parador de A Costa da Morte, las oficinas Blue Branch de BBVA o la torre residencial de The Ritz-Carlton Residences en Miami tienen en común a una empresa gallega fundada por Ramón García Francos, un carpintero retornado que abrió un pequeño taller anexo a la vivienda familiar en 1975. Con la segunda generación al frente, Grupo Ramón García es una compañía de 540 trabajadores con un destacado portafolio de clientes que incluye a Bimba y Lola, El Corte Inglés, Mercadona, NH o Mango, además de los anteriormente mencionados.
El grupo, dedicado a la carpintería, el mobiliario y el diseño, es uno de los carpinteros de Inditex, pues ha trabajado en reiteradas ocasiones para la multinacional de Amancio Ortega en las tiendas de Zara, Zara Home o Stradivarius. Su crecimiento, hasta superar los 50 millones de ingresos, lo ha llevado a abrir oficina en Estados Unidos e instalaciones en México, que se suman a las que tiene en Ordes y Mesía, en la provincia de A Coruña.
Pero en la exitosa carrera de la empresa ha habido unos cuantos traspiés. Y uno de los más sonoros aconteció en la carpintería de Mesía, envuelta en una maraña legal para tratar de salir del limbo urbanístico en el que se encontraba y que la conducía hacia su demolición por imperativo judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña ordenó al Concello de Mesía en junio del año pasado el cese de la actividad industrial en las naves y la demolición de las instalaciones en un plazo de 60 días.
Los recursos presentados por la empresa y el nuevo plan parcial aprobado por el Concello mantienen a salvo el centro productivo, en un caso que recuerda al de otro proveedor de Inditex, Grupo Caamaño, que acumuló años en situación irregular en su sede de Culleredo, levantada sobre suelo no urbanizable, y que fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña por posibles delitos contra la ordenación del territorio.
Los tribunales tumban el planeamiento del Concello
El origen del conflicto para Grupo Ramón García está en la aprobación del plan parcial en el año 2013 con el objeto de reclasificar como suelo urbanizable para uso industrial los terrenos en los que se asienta la carpintería, una construcción preexistente y de origen artesanal. Sin embargo, dicho planeamiento fue posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2016, de donde deriva el actual embrollo judicial.
“Toda esta situación se deriva y es consecuencia de la anulación por sentencia firme tanto del Plan General de Ordenación Municipal en cuanto a sus determinaciones referentes al concreto sector de suelo urbanizable en el que se emplazan las instalaciones, como del Plan Parcial que estableció la ordenación detallada de dicho sector en el Lugar de O Campo, Mesía. La anulación de esa ordenación dejó sin cobertura urbanística a las correspondientes licencias de obra y actividad que, en su día y en base a ella, se otorgaron por el Ayuntamiento”, explica Grupo Ramón García en su memoria de ejercicio.
El Concello aprobó un nuevo Instrumento de Ordenación Provisional el año pasado para sustituir el plan anulado y regular la situación de la carpintería como suelo urbano consolidado y permitió a la empresa solicitar una nueva licencia municipal.
El Superior paraliza el derribo a la espera de nuevas sentencias
Alrededor de este proceso de legalización de las instalaciones hay al menos cuatro pleitos en marcha, aunque el grupo considera que su desenlace “no tendrá consecuencias económicas significativas para la sociedad”. Una sentencia del pasado 28 de junio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atendió el recurso de la empresa y revocó el auto que ordenaba la demolición de las instalaciones hasta que, al menos, no se resuelvan el resto de litigios.
A fecha de ese auto estaban pendientes de resolver el recurso contra el cese de la actividad industrial; el procedimiento de inejecución de sentencia abierto por el Concello de Mesía al considerar que no era posible derribar legalmente las naves; y las impugnaciones de la concesión de licencia de legalización y del propio plan provisional que recalificó los terrenos.
