Bruselas abre la mano: ve legales las subastas de energía para Alcoa
La comisaria de Competencia defiende que las subastas de interrumpiblidad de España para Alcoa, Celsa o Ferroatlántica no constituirían "ayudas de estado"
La industria gallega contiene la respiración ante la subasta de interrumpibilidad que se celebra entre hoy y el viernes en su edición más limitada. El Gobierno ha reducido de 2.340 a 1.000 el número de megavatios ofertados alegando el temor a un posible expediente sancionador por parte de la Comisión Europea.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario lleva cuatro años investigando si estas subastas constituyen ayudas de Estado encubiertas sin haber obtenido ninguna conclusión definitiva. Es más, la propia comisaria de Competencia, Margrethe Vestager (conocida coloquialmente como la dama de hierro por sus sanciones millonarias a Google), reconoce en una respuesta parlamentaria que este sistema ideado para compensar a la gran industria por posibles apagones para equilibrar el sistema eléctrico sí parece cumplir con las estrecheces de la normativa comunitaria.
“El informe final de la investigación sectorial define el régimen de interrumpibilidad español como un sistema que es probablemente un mecanismo de capacidad (…), por lo que no ha sido objeto de una decisión sobre ayudas estatales”, aseguraba Vestager en una respuesta a la exeurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset.
Según las conclusiones preliminares reveladas por la comisaria, el sistema ideado por España para las subastas de interrumpibilidad encajaría con un mecanismo de capacidad como los que el Ejecutivo comunitario sí permite en el resto de países del entorno. Y es que, pese a la eterna amenaza de sanciones por poder constituir una «ayuda de Estado», ninguno de los procedimientos que Bruselas abrió en los últimos años por las subastas de interrumpibilidad a países como Alemania o Grecia han terminado en sanción.
Los ‘deberes’ pendientes del Gobierno
El Gobierno celebra esta nueva subasta de interrumpibilidad pese a haberse comprometido a que la del pasado mes de junio sería la última. La razón no es otra que la demora en la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva. El Gobierno lo prometió para el mes de abril, pero decidió aparcarlo días antes de las elecciones después de que Competencia alertase de que este debía «ser analizado desde la óptica de ayudas de Estado».
Desde entonces, la que se erigía como medida estrella para la industria electrointensiva permanece en un cajón a la espera de la formación de Gobierno. Esta situación deja en el limbo a las subastas de interrumpibilidad. Y es que el borrador del estatuto para la industria electrointensiva marcaba el fin de estas pujas eléctricas para ser sustituidas, entre otras medidas, por exenciones en los pagos por capacidad de hasta el 100% para los consumidores que hasta ahora concurren a las subastas de interrumpibilidad, lo que supondría un ahorro medio de un euro por megavatio hora en la factura energética de la industria.
A ello se unían las compensaciones por los costes por emisiones de gases de efecto invernadero por valor de 76 millones de euros, que se financiarían a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Unas subastas a la baja
Bajo la amenaza de unas sanciones que no terminan de llegar, el Gobierno central ha ido recortando paulatinamente la cuantía de las ayudas por las subastas de interrumpibilidad. La que se celebrará a lo largo de esta semana pone 1.000 megavatios sobre la mesa, algo menos de la mitad que los 2.340 ofrecidos en la convocatoria de junio.
«Les tuvimos que prometer en su momento, hace ya un año, que el año 2019 era la última vez que iba a haber una subasta de interrumpibilidad porque las normas europeas no lo permiten. Hemos forzado la situación para que haya una subasta en el primer semestre de 2020«, aseguró recientemente el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.
Con este tijeretazo se aumenta la competencia de la gran industria por hacerse con los bloques subastados, lo que, previsiblemente, recortará los precios y prolongará su tendencia a la baja. Y es que el Gobierno central ha pasado de movilizar 652 millones de euros para esta partida en 2013 a 550 millones en 2014, 508 millones en 2015, 503 millones en 2016, 525 millones en 2017 y 316 millones en 2018.
