Blablacar se destapa como lobista mientras el IBEX sigue en la oscuridad

Para quitar hierro al asunto y evitar la mala imagen del término lobbista o grupo de presión que busca medrar para obtener unos objetivos de una manera un tanto opaca, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abría el pasado 3 de marzo un registro público de grupos de interés para dotar de transparencia a esta actividad, y que la relación de estos grupos con el regulador en defensa de sus intereses responda a unos criterios legales y de buen gobierno.

Con el registro, Competencia lo que ha buscado es establecer un cauce que permita una relación transparente con los grupos de presión, «limitando la posibilidad de influencias improcedentes o, simplemente, contrarias o no alineadas con los intereses generales», señalan desde el regulador.

La captación no está resultando fácil. En los casi tres meses que lleva abierto el registro, Competencia ha logrado la inscripción de 216 grupos de interés y otros 20 están en trámite, y donde brillan por su ausencia las grandes empresas de manera directa, aunque sí lo hagan de manera indirecta a través de asociaciones y confederaciones, como la CEOE o la CECA.

En España, las empresas prefieren ocultar sus movimientos

Desde Competencia mantienen dos interpretaciones a esta resistencia de las grandes corporaciones a inscribirse. Una, que «es pronto. Han pasado solo tres meses y en las grandes empresas cualquier decisión debe pasar por varias comités», apuntan, y otra, que, directamente, se niegan a hacerlo. En Cataluña, el registro de lobbies apenas ha tenido repercusión.

Nada que ver con lo que ocurre en Bruselas, donde las grandes corporaciones españolas tienen inscritas a más de 10 personas como lobbistas. «No les queda otra. Si no están acreditados ni siquiera pueden acceder al recinto de la Comisión Europea y menos reunirse con altos cargos», señalan las mismas fuentes del regulador español.

Sobre la pista de Bruselas

El registro de la CNMC está en línea con la Iniciativa de Transparencia impulsada en noviembre de 2014 por el entonces recién elegido vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

Buscaba Bruselas que se diera publicidad a todos los encuentros que los miembros del Ejecutivo comunitario mantienen con estos grupos de presión y, sobre todo, la prohibición expresa de que no se reunieran con empresas y organizaciones no incluidas en el Registro de Transparencia que, de forma conjunta, publican el Parlamento y la Comisión Europea.

Los lobbistas copan las reuniones en la Comisión Europea

La medida surtió el efecto deseado y, en el caso de las organizaciones españolas, la inscripción en dicho registro se duplicaba en apenas seis meses.

De esta manera, se pudo conocer que, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, los funcionarios superiores de la Comisión declaraban que, de las más de 4.300 reuniones mantenidas, dos tercios habían sido con grupos de presión representativos de grandes corporaciones.

Competencia sancionó a las empresas con 549 millones en 2015

El registro de Competencia es una especie de blindaje a la actividad de un organismo especialmente sensible que, en 2015, impuso sanciones por 549 millones de euros, en un 90% a empresas integrantes de 14 cárteles.

Entre esas sanciones, los 131 millones a fabricantes de automóviles, los 98 aplicadas a 43 empresas de residuos o los 88 millones con los que fueron sancionadas nueve industrias lácteas y dos asociaciones regionales.

Las grandes petroleras, como Repsol, o la multinacional Telefónica tampoco se libraron de la aplicación de sanciones por llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia.

Código ético

A lo único que obliga la inscripción voluntaria en el registro de grupos de interés de Competencia es a firmar un código ético por el que, básicamente, reconocen que «ni van a manipular ni a sobornar a los funcionarios», explican fuentes de la CNMC.

La patronal de las cajas, la CECA, ha sido una de las últimas en inscribirse. Lo hizo el pasado 19 de mayo para «intensificar la actuación nacional e internacional de las cajas y velar por sus intereses», según la razón dada, y a la que están obligados a ofrecer todos los grupos de interés a la hora de registrarse.

Inscritos

Entre los lobbistas inscritos, además de estas asociaciones y confederaciones, figuran varias consultoras de comunicación, como Burson-Marsteller, Ulled, Kreab, Hill & Knowlton o Llorente y Cuenca, o despachos de abogados, como es el caso de Cremades & Calvo-Sotelo o Legal 3.

También Blablacar, la plataforma tecnológica online que permite que dos usuarios contacten para realizar un desplazamiento en coche, cuyos problemas con las empresas de transporte de viajeros han ido creciendo en la medida que lo hacía el éxito de su aplicación, con más de 2,5 millones de usuarios en España.

Blablacar y Easy Jet

La plataforma lograba, el pasado mes de febrero, un éxito judicial parcial al rechazar un juez rechazara las medidas cautelares solicitadas por Confebús para que dejara de operar hasta que hubiera una resolución judicial definitiva sobre el proceso abierto por supuesta competencia desleal. 

En este caso, Blablacar, a través de Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, su country manager en España, argumentaba ante Competencia que su inclusión en el registro de grupos de interés obedecía, entre otras cosas, al «estudio de propuestas de desarrollo normativo» que dieran por sentado la legalidad de su actividad.

También ha creído conveniente inscribirse Easyjet, la aerolínea británica, «muy interesada en el proceso de fijación de las tarifas aeroportuarias», y que cree que, a través de la inscripción en el registro de Competencia, pudiera lograrlo más fácilmente.