Batalla judicial millonaria de cuarenta inversores gallegos

Cuarenta y cinco inversores gallegos presentan un recurso ante el Supremo para tratar de recuperar 17,4 millones de euros atrapados por unos swaps

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Hubo un tiempo en que las inversiones en huertos solares eran un negocio próspero que aseguraba una buena rentabilidad. Sin embargo, los sucesivos cambios legislativos atraparon a no pocos intrépidos que apostaron buena parte de sus ahorros por tecnologías renovables aún incipientes. Es el caso de 45 inversores lucenses a los que el Tribunal Supremo acaba de admitir un recurso por el que tratan de recuperar 17,5 millones atrapados por unos swaps, un derivado financiero de alto riesgo que contrataron en el momento de suscribir la financiación para el proyecto.

Según el auto del alto tribunal al que ha tenido acceso Economía Digital, los afectados, entre los que se encuentra el empresario José Manuel Chousa, presidente de Ingapan, presentan a título individual un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional de Lugo que daba particialmente la razón a Caixabank, la entidad que prestó el dinero a la sociedad Sol Renova 2006, que aglutinaba a los demandantes, a cambio de firmar un Interest Rate Swap que actuaba como seguro ante una hipotética subida de tipos que imposibilitase a los inversores devolver el crédito.

Engaño de Caixabank

Los inversores, en su mayoría ajenos al sector financiero e industrial, denunciaron en su día los contratos suscritos con Caixabank con el objetivo de declararlos nulos y recuperar lo pagado. El juzgado lucense de primera instancia dictaminó que habían sido engañados por esta entidad y condenó al banco a liquidar los contratos y devolver el dinero. Sin embargo, éste no se quedó de brazos cruzados y recurrió ante la Audiencia Provincial, que anuló dicha sentencia con un fallo que es el que ahora recurren los afectados.

El Supremo, tal y como adelantó El Progreso, inicia la fase de estudio tras admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por los inversores “al no advertirse en esta fase causa legal de inadmisión”. La parte recurrida –Caixabank– dispone desde la notifiación del auto de un plazo de 20 días para formalizar por escrito su oposición. La justicia da por tanto una oportunidad más a los 45 afectados para seguir batallando por lo que consideran suyo.

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