Aznar aprovechó la prórroga de la AP-9 hasta 2048 para regar con beneficios fiscales a Audasa

La concesión de la AP-9, un vial vertebrador de Galicia en su territorio de mayor dinamismo económico, pero repetidamente cuestionado por el constante encarecimiento de los peajes, se amplió en tres ocasiones. Lo hizo UCD en 1977; el Gobierno de Felipe González en 1994; y el de José María Aznar en el año 2000. Las diversas prórrogas del plazo concesional harán que los usuarios de la autopista paguen peajes hasta 2048, una extensión de la explotación de 36 años respecto al plazo inicial fijado durante el franquismo.

Ahora, la Comisión Europea, a raíz de la denuncia presentada por la asociación En Colectivo, considera que la prórroga de la concesión hasta 2048 contradice la normativa comunitaria, pues esta establece que un contrato equivalente a una nueva concesión debe otorgarse por concurso público, es decir, a la oferta más competitiva. Tal cosa no sucedió en España, donde se entregó directamente a quien ya lo tenía, Audasa. La vulneración de las reglas de licitaciones públicas podría llevar a España frente al Tribunal de Justicia de la UE, si en las alegaciones que puede presentar en los próximos dos meses no evita un dictamen negativo de la Comisión.

Al Tribunal de Cuentas le pareció un ‘chollo’ la prórroga

La última prórroga del Gobierno de Aznar, con Rafael Arias Salgado como ministro de Fomento, no solo dilató el periodo de explotación para compensar las inversiones de Audasa en las obras del vial, razón que motivó también las anteriores extensiones del contrato, sino que también prolongó los beneficios fiscales que recibía la empresa.

El Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización del año 2004, señaló que la prórroga supuso “un cuantioso volumen de recursos económicos proveniente tanto de los mayores beneficios tributarios y económicos-financieros como de los mayores volúmenes de ingresos por peajes”.

Los beneficios fiscales

Estos beneficios fiscales consistían fundamentalmente en exenciones de impuestos sobre las operaciones de endeudamiento de Audasa de hasta el 95% del tributo, por ejemplo, en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además de para los préstamos y obligaciones, la bonificación también se establece, en base a la Ley 8/1972, a los aumentos de capital, a la formalización del contrato de concesión o a la transmisión de terrenos destinados a la explotación de la autopista.

Estas exenciones fiscales deberían haber finalizado el 20 de agosto de 1998, según estableció la anterior prórroga, otorgada durante el Gobierno de Felipe González, pero el de Aznar los extendió hasta 2048, 50 años más.

Lo mismo sucedía con una bonificación del 95% en del Impuesto sobre las Rentas del Capital cuando graven los rendimientos de los empréstitos que emita la empresa concesionaria y de los préstamos que la misma concierte con organismos o instituciones financieras internacionales. También se establecía un 95% de bonificación en los Derechos Arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas que graven la importación de bienes de equipo y utillaje necesarios para la construcción de la autopista.

La prórroga incluso fijó que el Estado debía compensar a la concesionaria el impacto del efecto divisa en su proceso de financiación, aunque esta medida había sido derogada en la normativa de concesión de autopistas.

Aplazamiento en la devolución de 118 millones

Otra de las cuestiones que criticó el Tribunal de Cuentas fueron los anticipos concedidos por el Estado a Audasa para su financiación, 128,8 millones de euros sin intereses, que estaba previsto que comenzara a devolver en los noventa, concretamente, en 1994, cuando la explotación comenzara a generar beneficios. “De hecho los obtuvieron sin que procedieran a iniciar la devolución de los anticipos del Estado”, señala el organismo fiscalizador.

El Gobierno de Aznar, sin embargo, dilató esta obligación de devolver los anticipos hasta el final de la nueva concesión, es decir, más allá de 2040. La fórmula fue sencilla: en lugar de la generación de beneficios de Audasa, se tomó como referencia “los cinco ejercicios siguientes al primero en el que la sociedad concesionaria haya amortizado la totalidad de su endeudamiento interior y exterior “.

Bruselas aviva la tensión con Audasa

La AP-9 es un foco de tensión constante en Galicia por dos motivos: por un lado, el Parlamento gallego ha reclamado por unanimidad la transferencia del vial a la Xunta, sin que por el momento se haya producido; por otro, los peajes convirtieron a la autopista en la más cara de España debido a las subidas de precio para compensar las obras de la ampliación del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago, así como los descuentos aplicados en algunos tramos entre Vigo y Pontevedra. Esto se produjo mientras otras vías retornaban al Estado y se liberaban de peajes al finalizar la concesión.

Recientemente, el Ejecutivo ha rebajado las tarifas estableciendo nuevas bonificaciones, como había acordado con el BNG en el pacto de investidura. La transferencia del vial, que se convertiría en la primera competencia que consigue Alberto Núñez Feijóo para Galicia tras una década de mayorías absolutas, continúa a la espera.