Aymerich: “La Xunta no debería haber admitido la petición de Ferroaltlántica”
El titular de Derecho Administrativo de la UDC señala que Ferroatlántica no puede pedir que se anule algo que “consintió, tuvo ocasión de recurrir y no lo hizo”
Los trabajadores de Ferroatlántica de Cee-Dumbría no están dispuestos a dar la batalla legal por perdida, después de solicitar un informe al profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, sobre los impedimentos legales que tenía Ferroatlántica para segregar la actividad industrial de la de generación de energía, ahora, tras presentar la empresa la petición de segregación ante la Xunta, vuelven a recurrir a él para formular sus alegaciones.
El propio Aymerich explicó en rueda de prensa algunos de los motivos por los que la Xunta no debería autorizar a Ferroatlántica a separar las concesiones hidroeléctricas del negocio de las fábricas de ferroaleaciones. El primero y más importante es que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 1997 –ratificada en 2001 por el Tribunal Supremo– se lo impide expresamente.
En este sentido, el profesor de la UDC indica que Ferroatlántica “no tenia derecho a solicitar la anulación de esa cláusula porque el Supremo ya consintió que esa claúsula se introdujese en el título concesional cuando se elevara a escritura pública la concesión”. Se trata de una sentencia firme que “no puede pedir que se anule porque ya consintió. En su momento tuvo ocasión de recurrir y no lo hizo”, aseveró.
Aymerich recuerda que la sentencia del TSXG es firme y niega cualquier posibilidad de segregación
En su opinión, esto provoca que “si presentase recurso contra esta cláusula –la que liga las dos actividades– ya debería ser inadmitido, ni siquiera desestimado, tanto por vía administrativa como por la contencioso-administrativa”. Es decir, que la Xunta o el juzgado correspondiente no deberían ni siquiera tomarlo en consideración.
Argumentos sin fundamento
Por otra parte, respecto al informe legal con el que Ferroatlántica trata de justificar su petición, Aymerich aclara que, al contrario de lo que indican sus autores, “la Xunta no está obligada a revocar” la cláusula, y menos cuando “no concurre ninguna razón de interés público o de tipo legal que permita que esto se haga”.
También carga con dureza contra el argumento de que es contraria a la libertad de empresa. Aymerich recordó a Villar Mir que este derecho “es de todas las empresas”, al tiempo que lo acusó de “querer cimer la carne pero no roer el hueso” al pretender realizar una modificación sustancial en un contrato público y pretender que no vuelva a salir a concurso, “como si el Xallas fuese un río privado”.
Por último, argumentó que el interés público que rige la concesión “no desapareció”. Es más, indicó que la propia compañía “dice una cosa distinta en Galicia que en Londres o Nueva York a sus accionistas”. Mientras que allí reconoce que las centrales evitan que las plantas de ferroaleaciones, muy dependientes de la energía, se vean afectadas por las fluctuaciones en el precio de la electricidad, en Galicia habla de un plan industrial que en sus informes corporativos no menciona “por ninguna parte”. Es más, de lo único que hablan es de la obtención de recursos para aliviar su delicada situación económica. El interés público “no solo desapareció, sino que lo reconocen ante sus accionistas”, concluye Aymerich.
