Autopistas del Atlántico lleva a juicio a su extesorera por estafa y blanqueo
Audasa cita a declarar como testigos en la vista oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial de A Coruña, a su director general y al director de Finanzas de Itínere, dueña de la concesionaria de la AP-9
Imagen de archivo del puente de Rande / Europa Press
Cuenta atrás para el juicio a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa), que se celebrará a principios de noviembre. La titular del Juzgado de Instrucción número ocho de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral, dando por formuladas las acusaciones contra I.C.M. por presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa y por el delito de blanqueo por imprudencia grave. En la causa también está inmerso su marido, al que se acusa de estafa o, alternativamente, por el delito de blanqueo imprudente.
La vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de A Coruña, y como acusación figuran tanto la Fiscalía como la propia Audasa y su filial Autoestradas de Galicia, en las que la extesorera trabajó durante diez años, entre 2008 y finales de 2018, cuando, supuestamente y según el relato de la concesionaria de la AP-9, saltaron las alarmas por pagos ficticios detectados por una entidad bancaria. La tesorera fue despedida en enero de 2019, y hasta abril de 2020 estuvo en prisión provisional.
Un fraude de 1,2 millones
El caso, desvelado por Economía Digital Galicia, pivota sobre un presunto fraude de 1,2 millones de euros, que es la estimación realizada por la Fiscalía del importe de las operaciones desviadas por la extesorera a través de más de 340 transferencias a lo largo de los años. En el vértice de la trama se situaban pagos ficticios de franquicias de seguros por siniestros.
Audasa también apunta en su escrito de acusación que el importe desviado, concretamente a una cuenta de Ibercaja, ascendía a 1,2 millones de euros, y asegura que ha podido chequear la trazabilidad de hasta 1,1 millones. La concesionaria de la AP-9 pide para la extesorera hasta nueve años de prisión, en relación con los delitos de falsedad y estafa. Y otros cuatro años, para ella y su marido, por los presuntos delitos de blanqueo.
Testigos de Audasa y petición del fiscal
Entre otros testigos, el equipo jurídico de la gestora de la Autopista del Atlántico ha llamado a declarar a su director general, César Canal, y a José Puelles Gallo, director de Finanzas de Itínere, la dueña de la concesionaria de la AP-9. También solicitó la imposición de una fianza a los acusados que elevó a 1,7 millones. Tanto contra la extesorera como contra su exmarido se han decretado embargos de cuentas, así como la anotación preventiva de prohibición de enajenación de determinados activos.
En su escrito de acusación, la Fiscalía da por válidos los hechos denunciados y solicita para la extesorera seis años de prisión por el delito de estafa y falsedad documental. A su marido, en caso de acogerse al delito de estafa, pide la pena de cinco años de prisión, mientras que si opta por la calificación alternativa de blanqueo imprudente serían dos años de prisión.
Como responsabilidad civil, el fiscal considera que ambos acusados deben indemnizar a Audasa con 1,2 millones por las cantidades defraudadas y no devueltas.
