Una jueza de la Audiencia Nacional pide penas de cárcel para el grupo que vendió la ‘flagship’ de Apple a Pontegadea

Choque en la Audiencia Nacional por la absolución a los empresarios que vendieron la macrotienda de Apple en Barcelona a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega. La magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Carolina Rius Alarcó, emitió la semana pasada un voto particular contra la sentencia del mes de febrero (recurrible ante el Tribunal Supremo) que se absolvía de los delitos de administración desleal y apropiación indebida a siete empresarios al entender que esta operación no había supuesto ningún perjuicio para Banco de Valencia y Bancaja.

Según el documento al que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, la jueza discrepa del fallo emitido por el magistrado Félix Alfonso Guevara en el que se recogía que «los hechos declarados probados no son constitutivos de delito» y que la «actividad desplegada por los acusados no constituye acto alguno de administración desleal o apropiación indebida constitutivos de delito, ni existió cooperación necesaria en ellos».

El origen de la discordia

La magistrada Carolina Rius da por buenos los argumentos del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado. En ellos se apuntaba que la sociedad de la familia del principal encausado había logrado un beneficio de tres millones de euros mediante la subrogación del préstamo con garantía hipotecaria por la cual la sociedad Iberfin Capital adquirió a Patrimonial Andybal dos locales ubicados en la Plaza Cataluña y el Paseo de Gracia de la ciudad condal.

El fiscal sostenía que los imputados habían provocado un agujero de 4,2 millones de euros a Banco de Valencia y de 5,3 millones a Bancaja tras aprobar «en detrimento de los legítimos intereses de las entidades financieras que debían defender, la subrogación» por parte de Iberfin Capital de una carga hipotecaria acabó siendo casi diez millones de euros a la que originariamente gravaba la finca adquirida.

A estas conclusiones se había adherido la propia CaixaBank, entidad que en 2012 adquirió Banco de Valencia y que el año pasado se convirtió en heredera de Bancaja tras su fusión con Bankia. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri formaba parte como acusación particular de este caso en el que la jueza Carolina Rius ha puesto tierra de por medio con el resto de magistrados.

La magistrada deja constancia en su voto particular del «trato de favor que el Banco de Valencia dispensó a los acusados
y a las empresas que ellos administraban, lo que se deduce del informe elaborado por los inspectores del Banco de España» tanto en la financiación total como en las «escasas garantías» e, incluso, las tasaciones inexistentes. «Puede considerarse también como trato de favor la falta de reclamación del importe de los créditos, préstamos o avales prestados a las empresas de estos acusados, pues finalmente todo se saldó con la dación en pago mediante una compraventa de activos financieros que ya no tenían el mismo valor, ni muchísimo menos, que el que se «creía» y se estimaba cuando se otorgaron las primeras líneas de crédito, compraventa con subrogación en la deuda, la cual quedaba definitivamente extinguida», apunta la magistrada.

Petición de penas de cárcel

Y es que la jueza pide penas de dos años de cárcel para tres de los imputados como responsables de un delito de administración desleal, con la «concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas». Sobre estos tres encausados considera que deben ser absueltos de los presuntos delitos de apropiación indebida, pero que, por el contrario, sí deben hacer frente a dos años de inhabilitación «para el desempeño de cualquier empleo o cargo en entidad bancaria o de crédito en España por tal tiempo».

Por su parte, para los cuatro empresarios procesados pide penas de cuatro meses de prisión como cooperadores en dos delitos de administración desleal, así como el «pago de la parte proporcional correspondiente de las costas del presente procedimiento».

Sobre este último punto, la magistrada Carolina Rius establece en su voto particular una indemnización de 8,37 millones de euros a abonar «conjunta y solidariamente entre sí, al Fondo para la reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)«, «respondiendo de este monto indemnizatorio, de manera subsidiaria, la mercantil con la que operaban estos acusados para la comisión de los delitos, Iberfin Capital SL y, hasta el límite de 2,74 millones de euros euros, y como participe a título lucrativo, la mercantil Intercapiresa, S.L».

Inditex compró el local hace diez años

El origen de la operación data del año 2006. Fue por aquel entonces cuando Patrimonial Andybal suscribió un préstamo por importe de 50 millones de euros con Banco de Valencia y otro de 62 millones con Bancaja para la adquisición del inmueble que alberga la flagship de Apple, así como el local vecino en Plaza Cataluña.

Tras una reforma para dar respuesta a las necesidades de Apple, el edificio fue vendido en 2012 a Pontegadea por un importe de 72 millones de euros. Los préstamos de 71,3 millones de euros vinculados a este inmueble fueron cedidos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a Pontegadea Inmobiliaria por un importe de 42 millones de euros, según recoge la sentencia, que apunta a «un descuento algo superior al 40% del importe del préstamo».